Para que el primero de enero del 2006 República Dominicana ingrese con plenitud de derechos y deberes a la integración de comercio con Estados Unidos y Centroamérica, el socio mayor, representado por el presidente norteamericano George Bush, tiene que “certificar” que este país llena todos los requisitos de lugar. Así lo dicen las reglas de este juego.

El Presidente Leonel Fernández  dijo el jueves en Miami que “estamos listos” para el DR-CAFTA; pero antier el embajador estadounidense en Santo Domingo, Hans Hertell, puso en dudas que República Dominicana califique para la vigencia del tratado en el tiempo previsto.

Los documentos que según el gobierno nuestro avalarían la entrada en el pacto, tienen que ser analizados en Washington y pasar una prueba para la que no habría tiempo en la burocracia del Potomac en tiempos de navidad.

Pero no solo está en veremos el rol dominicano. El proceso de adaptación de leyes para el conjunto de los integrantes del DR-CAFTA está retrasado y hay resistencias y cuestionamientos, incluso en los propios Estados Unidos.

A pocos días de que se inicie un nuevo año, se acentúan los conflictos de intereses, y todavía falta que el congreso de Costa Rica apruebe el tratado, mientras en Estados Unidos, donde la aprobación se logró con una precaria mayoría en el Capitolio, resurgen presiones legislativas en contra.

-II-

Al tiempo de que el DR-CAFTA se tambalea en vísperas de su inauguración, en la República Dominicana se manifiestan preocupaciones  por el futuro de los productores locales que exigen mejores condiciones legales y de infraestructuras para competir.

Cuando el Presidente Fernández dice que el país ya califica, parte básicamente de que se alcanzó la formal aprobación congresional del pacto. Pero lo que vino después fue una reforma fiscal –imprescindible complemento- que deja insatisfecho a su gobierno.

Algunas situaciones muy concretas podrían contradecir su optimismo, comenzando porque las autoridades aspiran a mantener la comisión cambiaria y a tomar  cualquier otra medida administrativa para compensar la reducción de ingresos fiscales prohijada por modificaciones a  la nueva ley tributaria.

Está claro que el recargo cambiario (aun cuando resurgiera disfrazado) equivaldría a una ruptura con el libre comercio en marcha. Y puede temerse que el propósito de aumentar, sin participación legislativa, las recaudaciones, repercuta sobre medios de producción,  además de lesionar a los consumidores, acentuando la desventaja de República Dominicana respecto de otros socios regionales.

Así como Estados Unidos demanda de los demás “adecuaciones legales”  en función de sus intereses,  es pertinente reclamar que a nivel nacional se establezcan condiciones favorables a la agropecuaria y la industria. Que no se persista en gravar insumos y materias primas y que las políticas fiscales tomen en cuenta que los suministros de electricidad y combustibles representan costos onerosos para los productores, además de que vivimos en un país  presionado por tasas bancarias superiores a los usos regionales.