M. DARÍO CONTRERAS
La primera universidad pública de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, creó una Comisión Especial sobre Roces Constitucionales del TLC (DR.-CAFTA), la cual rindió su informe en febrero del presente año sobre este Tratado de Libre Comercio, del cual somos signatarios, concluyendo que «el TLC firmado y propuesto para su aprobación, no solo contraviene artículos concretos de la Constitución Política, sino que atenta contra el espíritu de la Carta Magna en sus propósitos y sus sistemas de valores».

 El pasado 3 de julio la Sala IV de Costa Rica y el Tribunal Supremo de Elecciones declararon que no existen vicios de inconstitucionalidad en dicho tratado. Este dictamen contó con el voto favorable de cinco magistrados y el disenso de los otros dos que componen el tribunal de la Sala IV. Inmediatamente se conoció este dictamen, las fuerzas costarricenses opuestas al TLC acusaron a los cinco magistrados que votaron favorablemente de plegarse a los dictados de los Arias y de una mafia neoliberal. Así las cosas, habrá en Costa Rica un referéndum el próximo mes de octubre para que los electores decidan sobre si se aprueba o no el TLC en la forma que ha sido acordado por el Gobierno.

El Estado-Nación como tal y su soberanía han sido puestos en remojo desde que se entronizó la corriente globalizadora, impulsada por los adelantos tecnológicos de la informática y las comunicaciones, que según Kenichi Ohmae, renombrado internacionalmente como consultor japonés de estrategias de negocios corporativos, llamado Señor Estrategia, fija el verdadero inicio de la economía de la globalización a partir del 1985, año que él declara como el año cero, antes y después de Gates (a. de G. y d. de G.), por coincidir con el lanzamiento del sistema operativo Windows por Microsoft, que luego sería reformado en 1995 para tener acceso a la red mundial del Internet. Desde esos momentos se ha implantado la Nueva Economía de la Era Posindustrializada, en la que el Estado-Nación ha de ceder espacio a la Región-Estado, reemplazando en su avance a la vieja economía y sus ventajas comparativas, basadas en gran parte en la dotación de los recursos naturales, por la competitividad y sus demandas por la innovación, la flexibilidad y la competencia técnica de la ciudadanía.

Ante el avasallante empuje de la corriente globalizadora, la Universidad de Costa Rica afirma que las naciones se encuentran en una encrucijada, ya que «se privilegian de manera indebida intereses comerciales y privados en perjuicio del bien común, con lo que se rompen el equilibrio entre los fines y los medios, y entre intereses privados y públicos, necesarios para asegurar la vida en sociedad», es decir, que la inversión y el comercio, en vez de ser instrumentos al servicio de la comunidad, se convierten en el centro de gravitación de la sociedad y la política. En el informe mencionado se identificaron más de quince cláusulas del TLC que están en contradicción con los preceptos constitucionales de Costa Rica. Nos aventuramos a afirmar que de hacerse un estudio comparativo profundo y concienzudo del DR.-CAFTA y su apego a los postulados de nuestra Constitución, posiblemente encontraríamos igualmente puntos conflictivos que lesionan nuestra soberanía como nación libre e independiente que proclamamos ser.

No es de extrañar que en la negociación de acuerdos y tratados de integración económica entre estados asimétricos, como lo es el DR. -CAFTA, en que el PIB de los países firmantes centroamericanos y de la República Dominicana apenas representan una ínfima porción del PIB de los Estados Unidos, sea más desventajoso para los pequeños que para el grandote. No es que estemos opuestos a los acuerdos internacionales de libre comercio, pero debemos estar plenamente conscientes de qué cedemos en estos acuerdos. Quizás ya sea hora de que nos resignemos a la idea de que nuestra soberanía es una utopía y de que ahora «p’alante» es a «competir que vamos», aunque sea a «mano pelá».