DR-CAFTA traería profundos cambios
en compras del Estado

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Por MARIO MÉNDEZ
Uno de los temas que ha sido más cuestionado en el país con relación al manejo del gasto público, ha sido el sistema de compras gubernamentales, situación que se espera sea superada con la implementación de la legislación en que se apoyará la implementación del DR-CAFTA.

El sistema de compras del Estado se ha caracterizado por la falta de regulaciones y controles, lo cual encarece las adquisiciones del Estado.

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el gasto público en la República Dominicana, el sistema de compras públicas ha sido tradicionalmente opaco.

El estudio señala que un primer diagnóstico fue realizado en 1999 por el Banco Mundial y el BID, que aunque actuando de forma separada arribaron a las mismas deficiencias: “serias deficiencias en los marcos regulador y de adquisiciones, controles ineficaces, falta de mecanismos para asegurar el cumplimiento de las disposiciones normativas, poca uniformidad en las prácticas de aplicación y una capacidad de adquisición sumamente débil en los organismos responsables”.

Según explica el estudio, esa conclusión fue ratificada en una revisión conjunta del 2004, al indicarse que “no se ha logrado ninguna mejoría en el sistema de adquisiciones”. Un problema esencial es que ha carecido de un marco legal apropiado que englobe en forma consistente, completa y con un marco de transparencia, el proceso de compras públicas en el país, situación que se espera quede superada con la legislación que acompaña al DR-CAFTA.

Una muestra de ello es que, según el indicado estudio del BID, la ley 105 de compras nunca fue reglamentada, no existen reglas para los contratos de construcción, la Comisión de Licitaciones instituida por la misma nunca fue organizada, y la normativa tiene aspectos contradictorios u oscuros que admiten más de una interpretación.

“En particular, si bien el marco legal preveía un manejo centralizado de las compras públicas a través de la DGA, las mismas se mantuvieron descentralizadas en los hechos, con las instituciones públicas realizando compras aún fuera del presupuesto a través de mecanismos de compras directas o de licitaciones poco transparentes”, expresa el estudio del BID.

Además, indica que la amplia discrecionalidad concedida a la Presidencia para realizar contratos directos en los casos que se consideren de “interés público” limita severamente cualquier esfuerzo por establecer un régimen general de compras públicas. Según explica el estudio, la licitación pública ha un mecanismo de excepción en República Dominicana, situación que será superada con la ejecución del DR-CAFTA, ya que el país asumió compromisos muy firmes en esta materia. Tradicionalmente el mecanismo típico de selección de proyectos en el país ha sido, la contratación directa.

Esto encarece las compras y contrataciones del Estado.

Entre las razones que explican la opacidad del gasto público en el país, está el hecho de que la contratación pública es realizada por empleados públicos que son miembros de una administración política.

“Las relaciones entre principal y  agente no siempre están alineadas, y en general los incentivos para alinear tales intereses son débiles”, explica el estudio del BID.

De ahí el estudio concluye en que la regulación de las acciones de los agentes y los mecanismos de control resultan esenciales, debiendo establecerse las “reglas de juego” del proceso de compras de forma clara y precisa.

“En particular debe limitarse la discrecionalidad del agente, y establecer los organismos y mecanismos de control que aseguren que tanto los agentes como los proveedores cumplan con las reglas”, expresa el estudio.

Los procesos de contratación en el país han escapado a las reglas en tres dimensiones:

a) Discrecionalidad en la selección y financiación de los proyectos.

b) Ausencia de procedimientos estandarizados, que permiten una amplia discrecionalidad de las instituciones públicas contratantes.

c) Inexistencia o debilidad de mecanismos presupuestarios.

Con la implementación del DR-CAFTA muchas de esas debilidades serían superadas, con lo cual se produciría un cambio profundo en el sistema de compras y contrataciones del Estado.