Hoy 
POR JULIO AYBAR
En el interesante trabajo «República Dominicana, Evaluación de la Competitividad Comercial y Laboral» el Banco Mundial pondera, entre otros tópicos, el acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y el país, DR-CAFTA. En lo referente a las exportaciones dominicanas, el estudio estima que la creación de comercio a largo plazo, como resultado de la reducción a cero de los aranceles americanos será de $465 millones, un incremento del 20% en relación con el monto actual.
Este estimado supone un total aprovechamiento de las reglas de origen. El estudio contempla un segundo escenario en el que se asume un menor nivel de eficiencia en relación con estas reglas, en cuya situación las exportaciones aumentarían en sólo $232 millones de dólares. La experiencia del país en aprovechar las preferencias comerciales del mercado americano permite considerar que el resultado final se aproxime más al primer estimado que al segundo.
Los estimados del Banco Mundial están sujetos a una serie de importantes limitaciones que podrían modificar significativamente los valores proyectados de exportación. Entre estas limitaciones se pueden señalar el hecho de no considerar el efecto que producirá la supresión de cuotas del Acuerdo de Multifibras; el no considerar la posibilidad de que surjan nuevos productos que puedan integrarse al flujo comercial, evento favorable que se da con frecuencia al implementarse acuerdos de libre comercio; y el realizar las estimaciones exclusivamente en base a la elasticidad precio de los productos.
El reporte del Banco Mundial estima también los incrementos de exportación a los Estados Unidos de los países de Centro América. Cuando se compara el comportamiento de los diferentes países, los incrementos porcentuales de las exportaciones dominicanas son inferiores a los de cada uno de los países centroamericanos. Las estimaciones de Guatemala y las de Nicaragua más que duplican el 20% estimado para el país. Una posible explicación es que hoy día esos dos países son los menos eficientes en el aprovechamiento de las preferencias arancelarias americanas, situación que pudiera cambiar en virtud de DR-CAFTA, lo que les permitiría cortar distancia en relación con los demás países. Otra posible explicación es que el Acuerdo pudiera eliminar la brecha arancelaria a favor del país en el mercado americano, mejorando la situación de Centro América.
Por otro lado, se estima que las importaciones procedentes de los Estados Unidos aumentarán en $469 millones de dólares, de los cuales $368 millones correspondan a la creación de comercio y $101 millones a la desviación. La creación de comercio se considera un resultado positivo de los acuerdos comerciales pues implica la sustitución de productores locales ineficientes. Cabe señalar, sin embargo, que en nuestro país parte de la ineficiencia se origina en el suministro de servicios básicos, como la electricidad y el crédito, a precios no competitivos, y a la existencia de un tipo de cambio sobrevaluado. La desviación de comercio, por otro lado, se considera negativa pues significa la sustitución de productores eficientes aunque ubicados en países que no forman parte del Acuerdo.
Los sectores productivos que habrán de ser más afectados son los de productos químicos, $72.4 millones de dólares; muebles, $28.5 millones; combustibles minerales, $28.4; madera y papel, $27.0; prendas de vestir, $20.3 y hierro, acero y aluminio, $18.8 millones de dólares, como se muestra en el cuadro.
El incremento de $368 millones de dólares en el valor de las importaciones americanas originadas en la creación de comercio tomará un período de diez años, plazo contemplado para que culmine el programa de desgravación arancelaria para los bienes no agrícolas. Para los productos más sensibles los aranceles se irán eliminando gradualmente a través de cuotas que restrinjan la entrada de bienes libres de gravamen. Se estima que el 80% de los bienes no agrícolas entrarán libres de impuestos con la ratificación del Acuerdo, el 85% a los 5 años y el 100% a los 10 años. Todo esto significa que la sustitución de la producción doméstica señalada en el párrafo precedente se concentrará entre el quinto y el décimo año después de la entrada en vigencia de DR-CAFTA.
Las actividades principales a ser afectadas por la desviación de comercio son la de importación de vehículos no americanos, $37.1 millones de dólares y la de combustibles minerales procedentes de terceros países, $21.2 millones de dólares. En estos casos la sustitución de suplidores ocurriría rápidamente una vez entre en vigencia el Acuerdo.
A partir de las estimaciones del Banco Mundial resulta que el valor de las exportaciones menos las importaciones originadas en la creación de comercio que generará DR-CAFTA, en lo referente a los bienes no agrícolas, en el mejor de los escenarios, es de solo $97 millones de dólares anuales, cifra estimada para ser alcanzada a partir de los diez años de la entrada en vigencia del Acuerdo. Como el proceso de desgravación arancelaria de los Estados Unidos es más acelerado que el nuestro, posiblemente en los primeros diez los valores anuales de exportaciones netas sean de mayor magnitud. De todas maneras el impacto neto del Acuerdo, por lo menos en lo que concierne al comercio de bienes no agrícolas, actividades en la que estaban cifradas las mayores esperanzas de bienestar, es de limitada trascendencia.
En adición a los bienes no agrícolas, el Acuerdo contempla tanto el comercio de servicios como el de productos agropecuarios. Bajo el Acuerdo, el país abrirá su mercado de servicios en beneficio de los Estados Unidos en las áreas de los seguros, los servicios financieros, la distribución, los servicios informáticos, la energía, el transporte y la construcción, entre otros.
Ese país también saldrá beneficiado en el comercio de los bienes agropecuarios tal como lo señala en otro informe el propio Banco Mundial, «… la pérdida potencial de ingresos de los productos agropecuarios se compensaría parcialmente con el crecimiento de la economía».
El Acuerdo incluye, además, la protección de marcas registradas, los derechos sobre propiedad intelectual, las compras gubernamentales, los derechos laborales y la sostenibilidad del medio ambiente. Mientras los primeros tres tópicos favorecen claramente a los Estados Unidos, los últimos dos representan una especie de barrera no arancelaria que pudieran afectar las exportaciones dominicanas.
Por lo señalado tanto sobre el comercio de bienes y servicios como sobre los demás aspectos del Acuerdo antes referidos, DR-CAFTA está llamado a afectar profundamente la estructura productiva del país, favoreciendo determinadas actividades y perjudicando otras.
De acuerdo con los estimados del Banco Mundial sobre el mercado de bienes y nuestras apreciaciones sobre todos los demás tópicos, no cabría esperar que DR-CAFTA favorezca apreciablemente las actividades productivas del país. Si esta es la situación, ¿qué hacer frente a DR-CAFTA? El tamaño de nuestra economía y su condición geopolítica parecen no dejar más alternativa que su ratificación, pues de lo contrario el país quedaría comercialmente aislado, dado el carácter temporal de las preferencias comerciales de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, lo que le haría más difícil poder encarrilarse por el sendero del crecimiento sostenido.
A partir de lo arriba señalado, tendríamos que ver el Acuerdo como un desafío que nos haga modificar nuestra cultura política con el propósito de transformar la calidad de la gestión gubernamental, principalmente en lo referente al control de la corrupción, el arreglo institucional, las deficiencias del régimen de regulaciones y la calidad del servicio y del gasto públicos, aspectos en los que quedamos muy mal parados en la evaluaciones periódicas que realiza el Banco Mundial. Asimismo tendríamos que incrementar la participación de la inversión dentro del PIB. De efectuarse estas transformaciones el Acuerdo podría convertirse en una herramienta favorable a la inversión y la expansión de la economía, lo que constituiría una oportunidad para que las autoridades implementen el más que esperado programa de equidad social.
Evaluaciones recientes de la gestión gubernamental, obtenidas en encuestas internacionales aplicadas en los últimos años recogen que tanto los inversionistas extranjeros como los dominicanos consideran que la justicia es un importante obstáculo para las operaciones comerciales; que la corrupción entorpece estas actividades; mientras que las más perjudiciales de las regulaciones son las que se refieren al registro y titulación de tierra, las aduanales, las normas y administración impositiva, las licencias y permisos comerciales y los permisos de construcción.
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El autor es economista
