Negociar las condiciones bajo las cuales se forma parte de un bloque comercial es una cuestión muy distinta a la de simplemente adherirse a lo que otros acordaron conforme a sus realidades. Las consecuencias pueden ser muy negativas y es necesario dejar bien fundamentada esa diferencia ahora que se está en las vísperas de convocar al país a decidir entre quienes prefieren hacer valer posiciones soberanas y los que se conforman con sumarse a lo que otros han negociado.

El primer gobierno del PLD introdujo al país en los acuerdos comerciales impulsados por el fenómeno de la globalización de los mercados. El primer tratado de libre comercio con Centroamérica, firmado en 1998, constituye un buen ejemplo de lo que es una negociación real.  Ahí se dejó establecida una posición fundamentada en nuestro contexto social y económico.  Tanto así que no hubo que adecuar una sola de las leyes nacionales existentes para ponerlo en vigencia.

Contrario a aquello, el gobierno de Hipólito Mejía condujo al país a una simple adhesión al DR-CAFTA.  Las bases institucionales y la amplitud de ese acuerdo habían sido ya negociadas para cuando el gobierno del PRD sumó a la nación al mismo.

En el DR-CAFTA, la República Dominicana no recibió nada nuevo de su principal socio comercial, Estados Unidos. Los beneficios que recibieron las exportaciones dominicanas ya estaban recogidos en otros convenios entre las dos naciones. En cambio, entre otras acciones contradictorias, el gobierno del PRD aceptó otorgar cuotas para importaciones con preferencias arancelarias de productos tales como carne de cerdo, leche, arroz, carne de pollo, entre otros, bajo unas condiciones que han dejado desprotegidos a esos sectores productivos en el futuro inmediato.

Además de tales cuotas, la adhesión otorgó que las partes de pollo, el pollo entero, sean importados libre de impuestos a partir del año 2015. La carne de cerdo entrará libre comenzando en el 2020.  Estas desgravaciones intensificarán la competencia que enfrentan esos sectores productivos.

Al PLD solo se le dejó la tarea ineludible de implementar el DR-CAFTA, y ello implicaba ajustar leyes y normas locales en función de las condicionantes que establece.  Las voces que se han levantado en procura de una revisión del DR-CAFTA han expresado buenas razones para ello. Sin embargo, las decisiones no pueden ser tomadas de manera unilateral, como equivocadamente han planteado algunos voceros perredeístas. No es posible rechazar o variar el contenido de un acuerdo de libre comercio mediante una ley nacional. Los acuerdos internacionales prevalecen sobre cualquier norma local, una vez son ratificados por el Congreso Nacional que, dicho sea de paso, estaba dominado por el PRD para cuando se hizo la adhesión, a mediados del año 2004.

Cada acuerdo comercial establece los mecanismos y condiciones para una eventual revisión.  Si la República Dominicana pretendiera desconocer la aplicación del acuerdo quedaría expuesta a sanciones y medidas de retaliación por parte de los miembros del mismo.  El incumplimiento del Acuerdo de Alcance Parcial con Panamá no podría ser tomado como ejemplo.  Es un escenario muy distinto, de otra época, y que, por cierto, fue reconocido y aplicado durante la primera administración del PLD, 1996-2000. Con el EPA hubo una verdadera negociación Se hicieron valer posiciones, se consultó y se dio participación amplia a los sectores productivos nacionales. Las preferencias comerciales fueron así pactadas. Evidentemente, no fueron los mismos “negociadores” del DR-CAFTA.  Preocupa el hecho de que representantes del PRD defiendan una adhesión cuyos beneficios para el país están por verse y que, en cambio, dejó colocados contra la pared a importante sectores productivos nacionales. Alarma que, lejos de reflexionar con mejor tino, algunos voceros perredeístas evidencien que, de regresar al poder, volverían a repetir los mismos errores. Los sectores productivos, la sociedad en general, están llamados a repasar con profundidad esas confusas posiciones. Lo que se acepta en el marco de un acuerdo comercial no es asunto que se pueda medir como un chiste.

El autor es Director General de Aduanas, ex Superintendente de Bancos y ex director de la Oficina Nacional de Planificación.