Le escribo como Presidente de la Suprema Corte de Justicia, haciendo uso de mis derechos. En las pasadas tres semanas, mi hijo Manolo Despradel, con veinte años trabajando en la región este, fue objeto de una conspiración, con  fines de robarle los bienes que ha acumulado con su trabajo, por parte de una mafia encabezada por los falsos abogados Emilio Frías Tiburcio y Humberto Terrero, que sin tener derecho a ejercer en el territorio de la República, se constituyeron en banda criminal, secundados por la Magistrada Ymiris Tuitt Santana, Juez interina de Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de La Altagracia, por Modesto Bigai Bernardo, Juez de Paz del distrito Municipal “La Otra Banda” y Johan Rodríguez Martínez, alguacil ordinario del juzgado de Trabajo, contando además con la complicidad de agentes policiales y de otros funcionarios de las provincias de La Romana, San Pedro de Macorís e Higüey, en complicidad, produjeron un “falso embargo” contra la empresa que dirige mi hijo, Manolo Despradel

¡Los hechos!

Los falsos abogados ubicaron “4 víctimas”, en la persona de cuatro trabajadores dependientes del subcontratista de mi hijo José Eugenio Ramos de Rivera, quienes supuestamente no habían recibido el pago adecuado. Estos fueron contactados por la mafia que dirigen los falsos abogados Tiburcio y Guerrero y en vista de que es mi hijo el que tiene bienes embargables, consiguieron, con notificación y “citación” falsas, que la magistrada Imitris Tuitt, juez interina y parte de esta asociación de malhechores, dictara sentencia de embargo.

El martes 30 de marzo, a sabiendas de  que todos los equipos estaban en el almacén por el feriado de semana santa, una turba de más de sesenta hombres, muchos armados, amparados por una orden del “Juez de Paz” de Higüey, quien aprovechó un viaje a la capital  del Fiscal, para, extralimitando sus funciones, ordenar y encabezar dicho embargo, junto con los aguaciles Johan Rodríguez Martínez  y Jorge Amador Castillo y los 60 hombres, muchos armados, amedrentando a los guardianes, y llevándose todo lo que encontraron, sin permitir que el abogado de mi hijo, presente en el terreno, consiguiera que el listado de los “bienes embargados” se hiciera como manda la ley, resultando de ello un listado espúreo, que sólo expresaba una parte de todos los bienes sustraídos ilegalmente. Luego se supo que esta asociación de malhechores ha desfalcado a muchos otros propietarios, algunos que por ser extranjeros prefirieron pagar la estafa a someterse a un grupo que en todo momento exhibió apoyo de las autoridades.

La Suprema Corte está apoderaba del caso. Le solicito en forma respetuosa y enérgica, que este no sea otro de los tantos casos que se quedan sin sanción ejemplar en los tribunales de la República.