Decenas de niños desamparados y sin poder asistir a la escuela, adultos enfermos sin rumbo,  desolación y total incertidumbre es el panorama de 47 familias desalojadas  por la fuerza pública en la calle doctor Delgado, casi esquina Independiente, en el sector Gascue, en Santo Domingo.

Las autoridades no permitieron a  los desalojados ni siquiera recoger sus ropas, ya que policías armados y equipos pesados demolieron las viviendas con todos los ajuares dentro, sin importar que había personas con discapacidad y niños, muchos de ellos enfermos.

Marisol Then, una de las desalojadas, acusó al abogado del Estado, Fermín Castillo Minaya, quien supuestamente informó a los afectados que actuaba por orden del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito.

Precisó que los terrenos, 789 metros cuadrados, donde habían 47 viviendas, desde 1968, son reclamados por el doctor Ignacio Mañón Miranda, quien cuenta con un consultorio médico próximo al lugar.

El tiempo.  Lamenta que luego de 44 años habitando el lugar, el doctor Mañón Miranda apareciera con un título en 1988, pero es en 1996 cuando decide reclamar la propiedad, cuando ya existen 47 familias asentadas.

Lloran de impotencia.  Elsa María Pérez, otra de las desalojadas ayer  lloraba de impotencia, ya que no sabe hacia dónde acudir con sus tres hijos, dos hembras y un varón, que además estudian en la escuela Paraguay, en Ciudad Nueva.

“¿Para dónde voy a ir, si no tengo nada, soy madre soltera que lo único que gano son 5 mil pesos al mes en una casa de familia?”, exclamó Pérez en medio de sollozos.

Sin brújula.  Jenny María Martínez aguardaba ayer frente a una mueblería junto a sus hijas, una de ellas de apenas 10 meses, que debido al polvo por la demolición sufre de neumonía. Junto a ella varios vecinos la acompañan en ese lugar a la espera de alguna solución por parte del Gobierno, ya que fue el abogado del Estado quien impartió la orden.

Ilegalidad.  José Luis Martínez señala que los agentes policiales se presentaron al lugar sin orden judicial ni acompañamiento del Ministerio Público  y sin mediar palabra comenzaron a derribar las casas, sin dar tiempo a que los propietarios sacaran sus ajuares.

Aclara que el caso está en el Tribunal de Tierras, donde existe un recurso de amparo solicitado por las 47 familias, por lo que no entienden la ejecución de un desalojo.

Muestran documento.  En el documento que mostraron a la prensa hay un párrafo que dice que el doctor Mañón Miranda se comprometió en 1998 a desalojar a las familias que habitaban el lugar, pero que previamente debía indemnizarlos a razón de RD$6,500  cada uno.

Este lunes los niños de las familias desalojadas no podrán asistir a la escuela (la mayoría están en la escuela Paraguay), ya que quedaron sin útiles escolares y uniforme pero, sobre todo, sin  un techo.