Esta expresión aparentemente contradictoria refleja el falso dilema planteado en la opinión pública tras las declaraciones del predicador evangélico Ezequiel Molina, quien al iniciar el año  propuso la legalización de las drogas como un medio de reducir la violencia y la corrupción masiva de autoridades y jóvenes que está produciendo el narcotráfico y la drogadicción en el país, que amenazan convertirlo en un narco estado.

Es cierto, como se ha dicho, que  “la única ley que no violan los narcotraficantes es la ley del mercado”, porque donde quiera que haya una demanda de droga insatisfecha, aparecerá la oferta que la suplirá a cualquier precio, y creara mecanismos para ampliar su clientela brindándole su “mercancía” a nuevos grupos, particularmente a niños y adolescentes.

Pero si bien una eventual legalización de las drogas reduciría el peligro de que los traficantes se apoderen totalmente del país, por la reducción de un mercado que moviliza  millones de dólares mal habidos; su legalización sería una fórmula que las haría accesibles para otros sectores, por la rebaja en sus precios y libre comercialización, hacia lo que queda de la sociedad dominicana no contaminada por los vicios y la delincuencia.

Frente a ese dilema trágico, la única alternativa válida es adoptar una estrategia global que separe al narcotraficante del consumidor, que sería la única manera de detener el proceso de liquidación de la sociedad dominicana organizada a la que estamos asistiendo.

Para esos fines, lo que procede no es convertir al simple consumidor en delincuente, sino  tratarlo como lo que es: una víctima y un enfermo.  Apenas 21 gramos de marihuana y 21 miligramos de otras drogas  “duras”, no son suficientes para caracterizar a un traficante, cuando requiere un proceso de desintoxicación y reeducación.  Pero éste debe estar en el deber de declarar quiénes son sus suplidores, so pena de ser considerados cómplices del delito de narcotráfico, y a éstos perseguirlos resueltamente hasta sus últimas consecuencias.

En el caso de los distrubidores menores que son a la vez drogadictos que buscan financiar así su dependencia, debe también seguirse una estrategia que los rehabilite, aislándolos de los verdaderos traficantes de las drogas, ofreciéndoles alternativas de rehabilitación, al mismo tiempo que se persigue a los suplidores.

Esta estrategia debe acompañarse de una fiscalía y juzgados nacionales especializados, con capacidad, integridad, renumeración y protección también especiales; así como de una depuración real de los cuerpos armados que a veces intervienen en la investigación y persecución del narcotráfico, asesinando a muchos para que no los delaten, y una campaña educativa permanente para combatir desde su raíz este flagelo.