POR GERMAN MARTE 
El procurador fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, descartó ayer que el caso del Banco Intercontinental (Banínter) perima al cumplirse los tres años del inicio del proceso en septiembre próximo, y explicó que ese expediente fue declarado “complejo” por lo que se extendió a cuatro años el límite para que la justicia tome una decisión en torno al histórico fraude bancario.

El principio, explicó el funcionario, es que todo imputado tenga el beneficio de un plazo máximo de tres años para ser juzgado, de modo que no existan causas sin fin, y es por eso que se establecen plazos perentorios, para que los jueces impartan justicia antes del tiempo máximo establecido.

Sin embargo, recalcó, cuando se trata de casos “complejos”, como es el de Banínter, el plazo se puede extender a cuatro años.

Según el expediente, el de Banínter es el mayor fraude bancario registrado en la historia del país y, en comparación con el Producto Interno Bruto de República Dominicana, el más grande del mundo. Los principales ejecutivos del banco fueron sometidos a la justicia luego de que el entonces gobernador del Banco Central, José Lois Malkun, hiciera una denuncia pública en torno al gigantesco fraude.

Al participar como invitado en el Almuerzo Semanal de los Medios de Comunicación Social del Grupo Corripio, el fiscal dijo que en promedio, en los casos de homicidio, los jueces han evacuado sentencia a los ocho meses, no obstante, en otras ocasiones se han tardado un año y año y medio, dependiendo de la naturaleza del expediente.

Hernández Peguero advirtió que todavía existen las “chicanas” o subterfugios legales para dilatar un proceso judicial, esto, a pesar de que ahora los jueces tienen la facultad de sancionar a los defensores y abogados.

LAS MULTAS

En otro orden, Hernández Peguero dijo que desde finales del año pasado se dispuso que el dinero recaudado a través de las multas impuestas por los tribunales vaya a un fondo que maneja la Procuraduría General de la República para ser destinados al régimen penitenciario.

Con estos fondos, que se estiman en unos RD$30 millones, se procura mayor efectividad en la persecución del crimen, indicó Hernández Peguero, quien dijo que se espera que en lo adelante se incrementen las recaudaciones por concepto de las multas.

“El Ministerio Público está interesado ahora más que nunca porque esos fondos están destinados, específicamente, para algo que nos incumbe, que es el tratamiento de los reclusos y ser más efectivos y ágiles”, agregó el funcionario.