La ciudadanía tendría que ver con muy malos ojos que el Estado volviera a crear un barril sin fondo para proveer vehículos de transporte público a “sindicalistas” que frente a cada administración oficial que ha tenido el país en los últimos lustros, han pataleado con huelgas y consignas de oposición hasta doblegarla para sus fines de obtener facilidades excesivas.

El apaciguamiento se ha pagado inmancablemente, con financiamiento abundante con el aval pleno del Estado para que  choferes o empresarios de transporte adquieran numerosos vehículos que luego sufren deterioro acelerado y que la mayoría de los adquirientes falla en pagar.

El comportamiento paternalista-populista de las autoridades siempre ha dado paso, en el marco de la alternabilidad del poder, a acusaciones y juicios interminables bajo acusaciones de supuestos actos dolosos o de abuso de confianza en tales compras, en perjuicio del Erario.

Ahora se anuncia algo parecido, para más o menos la misma gente; cambian nombres de programas y la configuración en su aspecto exterior y dicen que las intenciones son diferentes, pero hay palabras que no salen del juego: renovar y financiar flotas para que el transporte público  esté mejor organizado y sea más eficiente.

II

Con ese mismo cuento se cometieron grandes abusos contra el patrimonio nacional en el pasado:

-Asignaron en forma unilateral y privilegiada (sin licitación o concurso) a un importador único de los vehículos  para que “chupara”  sin  piedad las comisiones correspondientes.

-Elección de los modelos de autobuses más caros del mercado y con menos garantías de duración, lo que no garantizaba ni justificaba la inversión.

-Ausencia total de representación en el país de los fabricantes para garantizar el suministro permanente de piezas de repuestos.

-Traspaso ilegal en gran cantidad de unidades adquiridas por esa vía a terceras personas y entidades que no las utilizaron en el transporte.

-Concesión de financiamientos sin rigor bancario que depurara individualmente a los deudores de los que se obtuvieran garantías de pago a través de historial de crédito, factibilidad de rutas y posesión de algunos bienes hipotecables.

Es legítimo que el Estado invierta en el transporte público, pero si no va a administrar directamente los recursos que aportaría (cosa que  está también desacreditada por lo mal que administra) debería  hacerlo sin politiquería, subsidiando, tal vez, tasas bajas pero dejando que las sociedades financieras asuman el riesgo y tengan manos libres para garantizarse el retorno del dinero que presten.

Aquí miles de personas hacen operaciones diarias para comprar vehículos fiados y los prestatarios y deudores se entienden y establecen fructíferas relaciones para unos y otros. ¿Por qué ceder ante los choferes para que las cosas les salgan casi regaladas y luego amenacen con paralizar el país con tal de eludir las persecuciones judiciales motivadas por incumplimientos  y otras irregularidades?