El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, inició con mucho brío su campaña a favor de condenar a los acusados de corrupción en el caso de Odebrecht. Emulando a las películas de Hollywood, de madrugada equipos “swat” irrumpieron en las residencias de los acusados capturándolos. La prensa había sido advertida previamente para así lograr un gran impacto publicitario.
En febrero de 2017 nuestro procurador había viajado a Brasil donde logró un acuerdo con las autoridades judiciales cariocas por medio del cual estas se comprometieron a entregar al Estado dominicano US$184 millones pagaderos hasta el 2025, como compensación por los sobornos que por la mitad de esa suma, US$92 millones, Odebrecht admitió haber pagado en nuestro país. En adición, los brasileños se comprometieron a pasar información a la procuraduría dominicana que le permitiría someter a la justicia a los dominicanos responsables de corrupción. Pero la realidad es que la información suministrada por los brasileños no es adecuada para que un juez dominicano pueda condenar a los acusados.
La estrategia de Jean Alain Rodríguez contrasta muy desfavorablemente con la seguida por el fiscal peruano José Domínguez Pérez y por el procurador Jorge Ramírez, quienes, además de lograr una reparación por US$228 millones pagaderos en quince años (una suma muy mayor a la originalmente planteada) y a Odebrecht ponerse al día en el pago de impuestos, pudieron obligar a esa empresa “a aportar todo lo que los fiscales peruanos exijan”, como interrogar directamente a los ejecutivos de Odebrecht, mientras que las autoridades dominicanas dependen de interrogatorios que hicieron fiscales brasileños quienes se concentraron en el caso brasileño y no el dominicano. El acuerdo logrado por Perú garantiza la validez de las pruebas que Odebrecht entregó a cuentagotas desde el 2017 a las autoridades peruanas y que comprometen a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Los peruanos también lograron que mientras no se repaguen los US$228 millones Odebrecht no podrá construir en ese país. Bajo ese acuerdo las autoridades peruanas podrán contar con los alias y códigos que utilizaron los funcionarios de Odebrecht para registrar los pagos a políticos peruanos. Funcionarios judiciales peruanos se trasladaron a Salvador de Bahía, sede de Odebrecht, para interrogar a antiguos empleados de la empresa, responsables de los sobornos a cambio de inmunidad en Perú.
En el caso dominicano, por el contrario, los fiscales pretenden que se acepten las delaciones premiadas como si fueran declaraciones testimoniales y para que puedan ser aceptadas como tales es indispensable que se preserve el derecho de la defensa de los imputados de poder contra interrogarlos, lo que pone en duda que tales delaciones sean aceptadas como testimonio.
En Perú las fuerzas fujimoristas y apristas intentaron boicotear ese acuerdo con Odebrecht para evitar que los fiscales encontraran más pruebas que involucrasen a los líderes de sus agrupaciones políticas. En el caso dominicano desde el principio de la investigación nuestro procurador ha sido presionado para que la misma no involucre ni al presidente Medina ni a sus cercanos colaboradores y que dentro del PLD solo afecte a sus rivales del entorno de Leonel Fernández y también a líderes del PRM, el principal partido opositor. Nuestro procurador no se ha interesado en la denuncia sobre la fortuna de Diandino Peña, constructor del metro de Santo Domingo, a pesar de la información hecha pública por Alicia Ortega quien, con la ayuda de periodistas de la Universidad de Columbia indagó en los llamados “Panamá Papers”.
A diferencia del caso peruano, Odebrecht continúa construyendo a Catalina la Grande y hasta ha sometido al gobierno dominicano a un arbitraje para que le reconozcan costos adicionales a losoriginalmente contratados.
Solo contando con procuradores realmente independientes, como ha sido el caso en Brasil y Perú, podrán terminar en la cárcel funcionarios públicos dominicanos. Eso lo perciben ya los dominicanos, como lo evidencia la reciente encuesta del Centro Iberoamericano de Gobernabilidad donde al preguntarse cuál es la institución del país con mayor credibilidad, tan solo un 2.7% citó a la Procuraduría General de la República.