POR LEONORA RAMÍREZ S.
Las autoridades no podrán cumplir la meta de reducir la nómina pública, como exige el Fondo Monetario Internacional (FMI) para restablecer el acuerdo Stand by con el país, si persisten los nombramientos desmedidos en el gobierno, coincidieron en afirmar ayer dos dirigentes opositores.

Guillermo Caram, ex gobernador del Banco Central y dirigente reformista, así como el senador perredeísta Ramón Alburquerque, en declaraciones por separado, estimaron que lejos de disminuir al nivel en que estaba en el año 2000, la empleomanía pública se incrementa después del 16 de agosto pasado.

Según Caram, a las autoridades les falta firmeza, porque una de las primeras medidas anunciadas por el Presidente Leonel Fernández, en la toma de posesión, fue la reducción del gasto público en un 20%, mientras en la práctica se están incrementando los nombramientos.

El secretario técnico de la Presidencia, Temístocles Montás, anunció el viernes que el FMI quiere que el nivel de la nómina se iguale a la del año 2000, que era de 239,543  empleados; de agosto de ese año a junio del 2004 esa cantidad se incrementó en 322,878.

Caram también consideró que si el gobierno tuviera una mejor base de negociación no tendría que saldar los atrasos en el pago de la deuda externa, como exige también el FMI para reiniciar el convenio.

«Lo que pasa es que ese organismo se ha dado cuenta que está frente a un gobierno dócil, que cede fácil a las presiones, a los requerimientos empresariales, y de los poderes fácticos de la nación», expresó.

RUEDA DISCURSO

En términos similares se expresó el senador Alburquerque, quien dijo que el discurso del Presidente Fernández ha rodado por el suelo, debido al abultamiento de la nómina del gobierno que se registra a partir del 16 de agosto de este año, cuando asumió la primera magistratura.

Sin embargo, el legislador por Monte Plata reconoció que el clientelismo político, un mal que enfrentan todos los gobiernos, es lo que produce la hipertrofia de la nómina pública.

«Creo que el gobierno dominicano tiene que hacer conciencia de que unas negociaciones con el FMI implican siempre un conjunto de exigencias, e imponen sacrificios al manejo de los asuntos públicos como el gasto en función del personal supernumerario, así como en las inversiones superfluas», dijo Alburquerque.

Respecto al acuerdo con el FMI consideró que va a significar mayores constreñimientos para el manejo de las finanzas públicas, y en tal sentido el país debe darle el apoyo al Presidente Fernández en todo lo que sea razonable.

MANIPULARON LA REFORMA FISCAL

En función de los últimos requerimientos del FMI la reforma fiscal no era imprescindible para la aprobación del acuerdo, opinó Caram.

«Lo que se ha hecho es abusar y tomar como pretexto la reforma para concertar un mal acuerdo con el organismo crediticio, porque ahora tiene que pagar la población las consecuencias de una mala administración gubernamental», agregó.

Caram consideró que en el gobierno del ex presidente Hipólito Mejía se planteó como imprescindible la reforma fiscal porque se negaban a reducir los gastos públicos.

Estimó que la reforma no ha sido más que un pretexto, una manipulación de los instrumentos legales para hacer pasar determinadas tributaciones en función de intereses particulares, como es el caso del 25% al sirope de maíz incluido en la misma.

«Se ha evidenciado que en el fondo lo que hubo fue una compensación por un mal manejo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque los productores de azúcar ahora dicen que cambiarían el arancel por un aumento de la cuota azucarera que le compra el citado país.

DATOS DEL CONVENIO

Las negociaciones con el FMI se iniciaron en agosto del 2003, durante el mandato del ex presidente Mejía, con el propósito de enfrentar la crisis económica que provocó, de acuerdo a las autoridades monetarias, la quiebra de los bancos Baninter, Mercantil y Bancrédito.

La carta de intención del acuerdo Stand By se basó en la recuperación y consolidación de la confianza en el sistema bancario nacional, el reforzamiento de las finanzas públicas y la aplicación de políticas monetarias y cambiarias de alta consistencia, para lo cual el FMI aportaría US$618 millones.

Dada la imposibilidad del pasado gobierno de cumplir con los compromisos acordados con el organismo multilateral, las negociaciones se suspendieron en dos ocasiones, primero por el constante incremento de la nómina pública, y luego por la total adquisición por el Estado de las empresas eléctricas Edenorte y Edesur, de las que era accionista la española Unión Fenosa.