CARACAS (AFP).- La condena a 16 años de cárcel al dirigente sindical, Carlos Ortega, líder del paro petrolero en Venezuela en 2002 y 2003, fue aplaudida ayer por oficialistas, repudiada por algunos opositores e ignorada por otros adversarios del gobierno del presidente Hugo Chávez. Ortega de 60 años, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), encabezó durante dos meses el paro petrolero que torpedeó la economía al colapsar la vital industria petrolera, ocasionando pérdidas de 14.000 millones de dólares según los cálculos de la Asamblea Nacional (AN).  Un tribunal de Caracas condenó el martes al líder de la CTV a 15 años, 11 meses, cinco días y 20 horas de prisión, por los delitos de rebelión civil, instigación a la desobediencia de las leyes y uso de documento falso. Tras conocer la sentencia Ortega dijo al canal privado de Televisión “Globovisión” que “este es un problema de carácter político y el tratamiento que había que darle era político, no judicial”. El diputado oficialista Nicolás Maduro, presidente de la AN, dijo que “en Venezuela empezó el camino de la justicia” y recordó que Ortega se “convirtió en un mercenario de los peores intereses de la antipatria”.

Contrario a lo esperado, las reacciones de la oposición no fueron inmediatas, sólo los más cercanos al dirigente se pronunciaron y coincidieron en señalar que la decisión tuvo un carácter netamente político, mientras que otros sectores también adversarios al oficialismo mantuvieron el silencio.,

Alfredo Ramos y Froilán Barrios, secretarios de la CTV, criticaron que el Poder Judicial esté a favor del gobierno, al considerar que la sentencia es “una demostración más de la aberración de este Estado, que utiliza a todos los Poderes Públicos (…) para intimidar a la población”.

El opositor Primero Justicia (centro-derecha) manifestó en nota de prensa su “profundo rechazo” y catalogó la decisión de “aberrante”. “Resulta lamentable que en el país los venezolanos padezcamos de una justicia que no respeta los procesos y donde ya se conocen los resultados”, indicó.

Pero el vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, afirmó que en este país está “asegurado el derecho a la discrepancia”, pero “no se puede aceptar el delito, un golpe, una trama para provocar una masacre, un sabotaje de la industria petrolera”.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Omar Mora, también se pronunció para negar que el caso Ortega sea un pase de factura del gobierno contra la disidencia. “El Poder Judicial no se va a prestar para ningún tipo de retaliación”, aseveró.

Ortega fue detenido la noche del 28 de febrero al 1 de marzo pasados, cuando se encontraba en el interior de una discoteca-bingo de Caracas, con el pelo teñido y un espeso bigote, bajo la identidad falsa de Manuel Mendoza.

Se mantuvo prófugo de la justicia venezolana desde el día 23 de febrero de 2003 y permaneció asilado en Costa Rica desde marzo de 2003 hasta el mes de agosto de 2004.

El abogado defensor de Ortega, Carlos Roa, fustigó la decisión, la que aseguró fue tomada “por un juzgado que no era el natural” del acusado, por lo que apelará la decisión en enero próximo.

Roa aclaró que “no hubo rebelión, porque la rebelión es un delito colectivo, y aquí se juzgó exclusivamente a Carlos Ortega”.

El líder que dirigió el paro junto al entonces presidente de la cúpula empresarial Fedecámaras Carlos Fernández -actualmente en Estados Unidos y con solicitud de captura en Venezuela- podría perder la presidencia de la CTV porque la sentencia prevé la inhabilitación política.

Ortega le asestó una de las primeras derrotas a Chávez, cuando dirigiendo un sindicato petrolero en 2000 obligó al gobierno de Caracas a retroceder en sus posiciones y otorgarle a los obreros lo que solicitaban para firmar un contrato colectivo.