Hoy 
POR UBALDO GUZMAN MOLINA
Los propietarios de la discoteca Praia, donde el pasado domingo fue asesinada la joven Pura Alexandra Núñez Rodríguez, podrían ser condenados a dos años de prisión, si se comprueba que ese establecimiento discrimina a los negros, advirtió ayer el fiscal del Distrito Nacional.
José Manuel Hernández Peguero indicó que el Código Penal establece sanciones contra quienes discriminan y que según el artículo 336-1 del mismo, el delito se castiga con dos años de prisión y RD$50,000 de multa.
Expresó que ampliará la investigación porque fue la discriminación, conforme a informaciones recibidas por los acompañantes de la víctima y otros testigos, la que desencadenó el incidente que costó la vida a Núñez Rodríguez.
Entrevistado en el programa televisivo Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión, Hernández Peguero dijo que las informaciones señalan que la seguridad de Praia tenía instrucciones de no permitir el ingreso de personas de color.
A su juicio, la provocación tiene que ser equitativa y que por el hecho de que alguien lance una piedra o intente golpear a una persona, el otro no tiene justificación de, con una arma de fuego, disparar cuatro veces.
Indicó que el objetivo de Ramón Antonio Sánchez, portero de la discoteca, era matar, por lo que la Fiscalía pidió la prisión preventiva del guardián. Cree que el guardián de un establecimiento donde concurren muchas personas que ingieren bebidas alcohólicas tiene que ser cauteloso y prudente.
Hernández Peguero recordó que en la discoteca Praia ya se habían producido episodios de discriminación, limitando el acceso de los visitantes por cuestión de color. La investigación está iniciándose y yo creo que este no es el único caso, dijo el fiscal en la capital.
Recordó que la Fiscalía ha cerrado centros de masajes y de citas, por cuestiones reñidas con las leyes.
Protesta por Renove
En cuanto a las protestas que realizaron transportistas contra la sentencia que condenó a un grupo de ex funcionarios del gobierno pasado, el fiscal dijo que esas acciones no influirán en la decisión que tomará la Suprema Corte de Justicia sobre los acusados de desfalco en el Plan de Renovación Vehicular (Plan Renove).
Recordó que el expediente del Plan Renove comenzó en la pasada administración de Hipólito Mejía, con dos auditorías que sirvieron de sustentación para presentar la acusación contra los hoy condenados.
Violencia de género
El fiscal dijo que la violencia de género cada día aumenta y que, en interés de que toda mujer violentada en sus derechos pueda tener acceso a la Fiscalía, dispuso que en la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia, ubicada en la avenida Rómulo Betancourt, el servicio funcione hasta las 9:00 de la noche.
En ese lugar laboran una fiscal, una sicóloga y dos secretarios, quienes reciben las denuncias.
Manifestó que anteayer, después de las 6:00 de la tarde, cinco mujeres acudieron a presentar denuncias.
Resaltó que las trece fiscalías barriales siguen fortaleciéndose y que cada una tiene un sicólogo que aplica un cuestionario sobre la peligrosidad del denunciado en el caso de violencia de género.
En agosto se recibieron 2,600 denuncias en las trece fiscales barriales, lo que significa que hay acceso a la justicia por parte de los capitalinos, consideró.
¿Negligencia de la PN?
El fiscal dijo que cuando ocurrió la muerte del joven Eduardo David Rodríguez, atropellado en la avenida 27 de Febrero, una patrulla de la Policía se limitó a tomar una información preliminar y a esperar que el médico legista levantara el cadáver.
Indicó que la Policía no comenzó la misma noche la investigación del hecho, ni recorrió las inmediaciones del lugar para poder identificar si había un vehículo que se reparaba por el accidente.
Señaló que la Fiscalía recibió información del caso a los 20 días de ocurrido el accidente.
Cree que la investigación de la Policía no fue la correcta, alegó que no se le puede culpar a él de que no ha actuado correctamente en el caso y reconoció el dolor que sufre la madre del joven.
