La investigación realizada por la JCE en relación con el hallazgo de un paquete de cédulas de identificación y electoral abandonadas en Los Platanitos, Santiago, arrojó resultados que obligan a reflexionar sobre la necesidad de mejorar los controles para la expedición de duplicados de este documento. La investigación reveló que la mayoría de las 96  cédulas halladas son duplicados que  habían sido obtenidos por las personas y que una sola persona llegó a obtener 14 duplicados.

Se sabe que la JCE, en interés de asegurarse de que ningún ciudadano se quedara sin votar,  expidió de manera gratuita 395,968 duplicados de cédulas solicitadas por personas que alegaron haber perdido la original. Se sabe que el sistema lleva un registro de cada duplicado expedido. Lo que no se entiende es que una persona lograra hacerse expedir más de dos duplicados y que  una de ellas lograra obtener nada menos que catorce.    

Los partidos utilizaron repetidamente el argumento de que sus rivales estaban dedicados a comprar cédulas y es posible que gente con afán de lucro adquiriera más de un duplicado de su cédula para ganar algún dinerito con un negocio indigno desde todo punto de vista. Lo que hay que explicar ahora es cómo fue posible que los controles de la JCE no dispararan la alarma cada vez que un ciudadano adquiría más de un duplicado de su documento de identificación.

Un país bajo las armas

Los disparos de armas de fuego comparten con los accidentes de tránsito los primeros lugares como causa de muertes y lesiones en la República Dominicana. Los registros de Patología Forense así lo consignan. Las armas por sí solas no ofenden, pero se han convertido en el medio predilecto para descargar la violencia excesiva que anida en mucha gente. Muchos entienden que la frágil seguridad ciudadana justifica la tenencia y porte de un arma de fuego.

Para remediar este problema se barajan algunas fórmulas, entre ellas el desarme de la población. Es una fórmula que hay que manejar con sumo cuidado. Siempre será más fácil desarmar al que posee y porta un arma amparado por la ley, que a quien la posee de manera clandestina. La adquisición de armas legales no ha mejorado la seguridad ciudadana,  pero tampoco la mejorará el despojo de las armas legales. Hay que actuar con cuidado y precisión.