El Gobierno prevé para el 2013 un incremento de RD$10,413 millones en remuneraciones para empleados. Sin embargo, el sector sindical plantea que más que contratar a nuevos servidores, se debería reajustar los salarios que están por debajo de la canasta básica y de los pensionados.

 Propone que se eleve el salario mínimo del sector público de RD$5,117 a RD$10,000, y un aumento escalonado para los que ganen a partir de ahí de 20%, 15% y 10%, lo cual significaría  una erogación de RD$6,037 millones.

En un estudio elaborado por el economista Felipe Santos a instancias de  las principales centrales, se cita que a noviembre de este año el 90.4% del personal del Estado, 468,167 trabajadores, percibe ingresos por debajo de la canasta básica  que asciende RD$25,108, y el 78% tiene ingresos igual o menor a  RD$19,000.

A noviembre pasado el Estado tenía una nómina total de 517,828 empleados, cantidad que para los sindicatos no es elevada, sino mal distribuida.

Propuestas.  El estudio identifica como una de las fuentes para buscar esos recursos los fondos manejados discrecionalmente por el Instituto Dominicano de Aviación Civil a través del impuesto de US$1.50 por cada pasajero que entra y sale del país, establecido mediante decreto en  2009.

Los sindicatos  plantean, además, que se establezca un plan de reubicación de personal excedente en instituciones con déficit para desplegar todas sus funciones. Aseguran que esta acción va a mejorar la situación de los ministerios de Salud Públicas, Educación y Obras Públicas.

También que se realice una auditoría para eliminar las llamadas nominillas  y botellas; y que se publique el personal por institución, con  nombres, sueldos y demás compensaciones, de modo que los ciudadanos puedan verificar.

Otra propuesta es que se cree un reglamento sobre contratación de personal a término y temporal y que se defina un régimen de sueldos para puestos con competencias laborales y responsabilidades iguales  en el Estado.  Con esto, dicen, se contribuiría a reducir la dispersión salarial, corregir la inequidad y crear un ambiente favorable a la productividad y calidad de servicios a la ciudadanía.

Piden que funcione adecuadamente  la Ley de Administración Pública.

Problemas.  El estudio indica  que el  sistema de contratación del Estado más que de exceso de personal, está afectado por otros problemas como que  las instituciones no están produciendo bienes y servicios según sus funciones legales ni utilizando, por ende, su personal plenamente.

 Además, el área administrativa de las instituciones por lo general dispone de una cantidad de personal no proporcional a las áreas que pone en ejecución las funciones legales de esas instituciones.

 Otro problema es que ha crecido descomunalmente, desde 1998 la inequidad y dispersión salarial y de las pensiones, por el alto crecimiento de los sueldos y salarios y pensiones de los  funcionarios  de altos y medianos niveles, al margen de los principios de la Ley de Administración Pública.

Así, cada ministro  y director  establece su propio régimen salarial y de pensión.

El estudio establece que los bajos salarios  por un lado y  los  privilegios, por otro lado, están generando un servidor  público con apatía y baja motivación.

 También, que trabajadores bajo la modalidad de contrato o temporeros con bajas condiciones laborales, se mantiene largo tiempo sin ser incorporado a la seguridad social, y manejándose contrario a la ley.

Además, que en el Estado persisten prácticas de gestión contraproducentes a este derecho de la libertad de asociación.

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Cantidad justa

En  el estudio se considera que no está sobreabultada como se dice, ya que el empleo público en las economías representa entre el 3% y el 5% de su población y en República Dominicana es de un 4%.  Dice, además, que el país está por debajo del promedio de Centroamérica en gasto de personal con un 26%, cuando los demás países oscilan entre 30 y 34%, excepto Nicaragua, que tiene  un 19%.