La Habana — Los representantes del gobierno de Colombia y de las FARC manifestaron su desacuerdo sobre lo firmado respecto a la jurisdicción especial que se alcanzó en las negociaciones en la capital cubana.

El jefe de la delegación del gobierno Humberto De la Calle rechazó que la delegación guerrillera diga que el gobierno ha faltado a la palabra empeñada.

“Esta afirmación no es cierta”, dijo al leer un documento ante periodistas en el cierre de un nuevo ciclo del diálogo de paz que adelantan con la guerrilla desde noviembre del 2012. Poco antes, el negociador rebelde Iván Márquez advirtió que “la paz no se construye con palabras que se lleva el viento ni con promesas que nunca se cumplen”.

Y explicó que a la delegación de la guerrilla le preocupa “que por razones ajenas a la determinación de las FARC se produzca un desfase inconveniente entre la plena vigencia del componente de justicia y los plazos que nos hemos impuesto para la firma de la paz”.

Ambas delegaciones firmaron el 23 de septiembre un acuerdo sobre una jurisdicción especial a aplicar luego que se firme la paz. El compromiso fue suscrito en presencia del presidente colombiano Juan Manuel Santos, su homólogo y anfitrión Raúl Castro, y el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, alias “Timoleón Jiménez” o “Timochenko”. Convinieron entonces que la firma del acuerdo integral podría ser hacia el 23 de marzo de 2016.

El acuerdo de septiembre estipula la creación de una jurisdicción especial de investigación, juzgamiento y sanción de los delitos más graves y representativos cometidos durante el conflicto interno tanto por los rebeldes, como a agentes del Estado y terceros.

El gobierno de Colombia estima que el acuerdo contiene 10 puntos que son los principios básicos para llegar al acuerdo definitivo. “Jamás se aceptó que se trataba de un convenio cerrado e inmodificable” expresó De La Calle, contrariamente a lo que aseveran los guerrilleros que lo consideran definitivo y cerrado.

“Lo que pudiera faltar corresponde a un desarrollo que no puede variar para nada el contenido…como se ha afirmado. Está cerrado”, enfatizó Márquez. Entre los puntos que quedan pendientes figura el mecanismo para la dejación de armas, aunque las FARC se comprometieron en hacerlo 60 días después del acuerdo final pero sin especificar cómo se haría.

De La Calle apuntó: “No creemos que haya formas de secuestro que puedan ser objeto de amnistía”. Indicó que los delegados del gobierno propusieron recurrir al grupo de juristas del diálogo para buscar una solución al diferendo, pero que las FARC se han negado.

En cambio, el negociador de la guerrilla demandó que se respete el acuerdo sobre la Jurisdicción Especial. “Apelamos a la palabra empeñada”, afirmó. Luciano Marín, verdadero nombre de Márquez, señaló que los guerrilleros “hoy hemos resuelto que la lucha armada entre todos y contra todos debe parar”.

Hasta la fecha ambas partes firmaron acuerdos en varios puntos de la agenda de seis puntos establecidas para comenzar las conversaciones, uno sobre el tema agrario, otro sobre el tráfico de drogas y participación política además del de jurisdicción especial para la paz.

Las negociaciones entre el gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para tratar de poner fin a más de 50 años de conflicto armado interno comenzaron a fines de 2012. Las FARC nacieron en 1964 como una guerrilla campesina y poseen unos 6.400 integrantes.