Duro impacto de la sequía

Duro impacto de la sequía

La aguda ausencia de lluvias lleva a crecientes y graves daños agrícolas, ganaderos y de generación eléctrica, a más de colocar en precariedades a familias y empresas por la disminución del agua en las tomas de los acueductos. La cuenta regresiva a la espera del final de la sequía va causando bajas importantes como fue la reciente prohibición de sembrar productos básicos en San Juan de la Maguana y la región Noroeste por considerarse inviables los cultivos, tanto de arroz como de víveres y frutos de mucha demanda y exportación, presagio de deterioro en suministros de alimentos a la mayoría de los ciudadanos y de estabilidad en los precios.

Las anormalidades climáticas escapan a controles institucionales más allá de racionar el suministro en prevención de dispendios con el líquido de usos primordiales. Procede reservarlo para consumos humanos y sancionar a quienes no practiquen el ahorro. Que el riego agrícola y la energía queden en segundo plano frente a la necesidad de hogares. El país debe diseñar medidas extraordinarias para reactivar plantaciones en las zonas de mayor valor estratégico tan pronto el agua esté más disponible y que el productor se recupere de las pérdidas traídas por la sequía. En un enfoque fuera de lo coyuntural , sirva la crisis para recordar las deudas contraídas con la naturaleza que de viejo deja sin caudal a ríos y embalses. Cuencas diezmadas, lechos y riberas arrasados.

¿Y la enfermera para cuándo?

En el país ha crecido mucho, al menos en lo cuantitativo, la prestación de servicios de salud a partir de infraestructuras hospitalarias y cobertura de Seguridad Social; y de las universidades egresan innumerables profesionales cada año, incluyendo bioanalistas. Lo que no está preparando el país en número adecuado a sus necesidades presentes y futuras es enfermeras. Para nada se cumple la proporción que corresponde por número de habitantes y el déficit crece con el tiempo.

Los paramédicos cumplen funciones imprescindibles en atención a los enfermos. El Estado, que tiene que garantizar con incentivos y políticas de formación de recursos la suficiencia de personal en centros de salud, ha dejado un hueco con sus inversiones de salubridad concentradas en edificios y equipos y no tanto en la gente que pone a cargo.

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