Moradores el Residencial La Julia, denuncian derramadero de agua potable y la construcción de una fábrica en el Sector, también se queja por la ocupación de nacionales haitianos en casa abandonada ,donde la habitan un sin número de nacionales, que a su vez depositan sus desechos en los patios de los residentes del sector. Hoy/Arlenis Castillo/23/07/2020.
La promulgación del Decreto 262-20 ofrece la oportunidad de retomar el diálogo con las autoridades gubernamentales, repasar los avances y deudas pendientes con la población dominicana de ascendencia haitiana, a fin de dar una respuesta integral a un tema de ciudadanía que aún necesita sea resuelto.
Así lo afirmó la Plataforma Dominicanos por Derecho, que también invita al presidente Luis Abinader a diseñar e implementar una política pública que permita a miles de dominicanos acceder a su nacionalidad y documentación de identidad, para combatir la exclusión social que les ha afectado.
«Ofreciendo un nuevo abrazo solidario que puede guiarle en la aplicación de una política que elimine el miedo con el que miles de personas llevan décadas lidiando”, expresa el grupo.
Cree que se está ante un momento histórico para cerrar un camino que, dicen, solo ha traído dolor a dominicanos humildes, por lo que espera que el Gobierno del cambio pueda acompañar a este segmento poblacional dominicano en su lucha por la equidad, la justicia social, a la conquista de derechos”.
Tras siete años de espera, el saliente presidente Danilo Medina, promulgó el decreto 262-20 que concede la nacionalidad dominicana a título de naturalización ordinaria a 750 personas de las más de ocho mil que aplicaron a la Ley 169-14.
Por eso, DxD solicita a las autoridades aclarar los términos de implementación de dicho decreto, de modo que “este sea real y efectivamente un instrumento que beneficie a la población destinataria, sin discrecionalidad y respetando el principio de gratuidad contemplada en la propia ley. En un comunicado, las organizaciones afirman que los dominicanos de ascendencia haitiana que actualmente viven en condiciones de apatridia o en riesgo de estarlo, requieren la protección del Estado dominicano.
Señala que esta población tiene una situación socio- económica y documental que se constituye en barrera para acceder de forma efectiva a medidas de apoyo, con lo que se acentúan las desigualdades ante la covid-19.