Echarían 42 años a inválido

Echarían 42 años a inválido

BOGOTA (AFP).- La desesperada situación por el incumplimiento de una indemnización oficial por un allanamiento a su casa, que lo dejó inválido, llevó a Porfirio Ramírez y a su hijo a secuestrar por seis horas una aeronave en el sur de Colombia lo que podría costarle 42 años de cárcel.

   «Mi esposo no es malo. Él lo hizo por desespero y por llamar la atención pues durante años tocó muchas puertas y nadie quiso escucharlo», dijo a los medios locales, Jaqueline Cabrera, esposa de Ramírez, quien pidió a las autoridades no tratar a su compañero como «terrorista».

   Ramírez y su hijo permanecen detenidos en una celda de la Policía Judicial, en Bogotá. Ambos, tendrán que comparecer este martes ante un juez de garantías, que definirá el inicio de una causa en su contra por el secuestro el lunes de la aeronave con 25 ocupantes.

   El avión de la compañía Aires que volaba entre Florencia, capital del departamento de Caquetá, y Neiva, en el sur de Colombia, fue desviado a Bogotá en donde los aeropiratas permitieron bajar a los pasajeros y después de cinco horas se entregaron.

   Ramírez justificó el secuestro argumentando el incumplimiento en el pago de una indemnización por el disparo que recibió en 1991 en un allanamiento a su vivienda, y que lo dejó inválido.

   Ahora Ramírez podría enfrentar cargos de secuestro, porte ilegal de armas y apoderamiento de aeronave lo que lo llevaría a purgar una condena entre los 25 y 42 años de prisión, señaló una fuente de la Fiscalía.

   Igualmente las autoridades dijeron que investigan si su hijo, de quien se dijo originalmente tenía 23 años, es menor de edad, caso en el cual su padre podría enfrentar una condena mayor.

   El gobierno aseguró que Ramírez deberá asumir las consecuencias de su acto, pero al mismo tiempo anunció que investigará sus reclamos sobre el pago de una indemnización.

   «Es lamentable que esta persona no haya podido resolver su situación. El gobierno, y yo personalmente me pondré a dilucidar qué fue lo que sucedió», dijo el ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt.

   «Vamos a estudiar cómo ayudarle pero lo que debe quedar claro es el mensaje de castigo: una persona no puede secuestrar un avión y poner en riesgo a 20 personas, inclusive a todo el aeropuerto, y pensar que después se soluciona fácilmente su situación, de ninguna manera», enfatizó Pretelt.

   Esta martes el piloto del avión Gildardo Rodas reveló que fue el propio presidente Alvaro Uribe habló con Ramírez y lo persuadió de dejar en libertad a los ocupantes de la aeronave y de entregarse.

   Uribe, quien se encontraba en Cali (suoreste) fue informado del secuestro y regresó a Bogotá.

   «Fue un momento bastante crítico. El señor (secuestrador) le mostró las granadas a las azafatas, ellas proceden a informarme y desviamos el avión. El estaba muy nervioso. Él habló con el señor Presidente (Uribe) y se tranquilizó bastante», narró el piloto.

   Al mismo tiempo, el secuestro afloró las denuncias sobre la falta de seguridad aérea, atizados en las últimas semanas por una serie de accidentes que provocaron un debate público sobre la gestión que cumple la estatal Aeronáutica Civil, responsable de la seguridad aérea en el país.

   En el comunicado divulgado al término del secuestro, la Casa de Nariño (sede presidencial) dijo que se investigará «la falla que permitió la evasión de los filtros de seguridad del aeropuerto de Florencia con granadas».

   El director de Aeronáutica Civil, Fernando Sanclemente, admitió que «hubo muchas ligerezas en el tema de la seguridad e indiscutiblemente adoptaremos todas las acciones para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse». Se trata del quinto secuestro de un avión que se presenta en Colombia desde 1999.

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