Ecocidio político en Los Haitises

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Las áreas protegidas en República Dominicana surgieron como respuesta al movimiento mundial de protección a los recursos naturales en riesgo. En este contexto de visión conservacionista que excluía lo social y el enfoque sostenible, se establece el marco jurídico y las primeras estrategias nacionales de manejo, quedando así el país integrado a la iniciativa conservacionista internacional.

Desde ese momento hasta la fecha República Dominicana ha establecido 82 áreas protegidas con diferentes categorías de manejo y ha firmado y ratificado convenios y acuerdos. Entre los más relevantes se encuentran la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de Río) y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, todo esto con la finalidad de realizar cambios profundos en la dirección que ha tomado “el desarrollo” en nuestro planeta, responsable de la crisis de la diversidad biológica, del daño a la capa de ozono y del proceso de cambio climático global.

Para dar seguimiento a estas iniciativas se creó en 1974 la Dirección Nacional de Parques, entidad regulatoria de las áreas protegidas, hoy Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) creada mediante la ley 64-00, ley marco de otras leyes sectoriales que deben regular y proteger el medioambiente dominicano.

Sin embargo, los modelos de desarrollo impuestos por el sistema capitalista han transformado la naturaleza en una mercancía; de ahí que el Estado con la autoridad de su competencia y amparado en legislaciones improvisadas en contradicción con la ley 64-00 ha modificado el territorio y ha establecido a su antojo, por medio de la represión, el chantaje, militarización y manejo de información subliminal, un Sistema Nacional de Áreas Protegidas infuncional y excluyente de los usuarios tradicionales de los recursos.

La expropiación de la tierra a los campesinos y campesinas que han vivido en las áreas declaradas protegidas es la mercancía con la que la clase política le paga deudas y servicios a inversionistas que buscan la renovación de sus capitales.

Instituciones como el Banco Mundial han reorientado su política para asegurar que los recursos naturales sean los medios fundamentales para que los países en vía de desarrollo “salgan” de su pobreza, lo que ha resultado ser una falsa alternativa. Se pueden citar como ejemplos los pagos por servicios ambientales que bajo la lupa de cualquier análisis resultan una fórmula perfecta de neocolonialismo, así como el canje de deuda por naturaleza.

El caso de la Alcoa en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, que no mitigó la pobreza de los campesinos ni se han recuperado los ecosistemas; tampoco la ocupación de la laguna de Bávaro, el relleno de humedales, la destrucción de corales y la eliminación de manglares en Punta Cana han traído el progreso a las comunidades locales, ni han resuelto los problemas ambientales que se pregonaron.

Así mismo no se han detenido los problemas respiratorios en La Descubierta por la explotación minera de caliza en la periferia del Lago Enriquillo, pese a que es un Parque Nacional, además de ser la única Reserva de Biosfera y el primer Humedal de importancia internacional de República Dominicana.

Las políticas ambientales nacionales (neocoloniales), puestas en funcionamiento a partir de los organismos financieros multilaterales, ubican y reordenan los recursos naturales de la isla y de los países del tercer mundo.

Los supuestos proyectos de conservación y creación de áreas protegidas, no han sido más que una estrategia de la política neoliberal que apunta siempre a la privatización de los recursos naturales, que hoy se encuentran amparados por un frágil sistema, aún por definir, de áreas protegidas.

Una cementera en Los Haitises es un muro que rompe los corredores ecológicos, limitando el desarrollo genético de las especies y confinándolas a un espacio restringido fomentando la erosión o deriva genética. Mientras en los años 80 fueron desplazadas cientos de familias del Parque Nacional Los Haitises porque afectaban la producción de agua y la biodiversidad, hoy, el mismo Estado, con otros administradores, ejerciendo los modelos impuestos por los organismos multilaterales, entrega el frágil territorio cárstico a una empresa donde el objetivo de privatización es la caliza, la que según parece aporta mejores ganancias a los inversionistas, dejando de lado a la biodiversidad y al recurso agua estratégico para la región Este.

Todo esto nos lleva a la comprensión de que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el desarrollo sostenible son las más grandes falacias que le venden al Tercer Mundo y que han lleva una y otra vez a República Dominicana al ecocidio político.