El rechazo de la Cámara de Representantes al proyecto de rescate financiero y bancario, nominado Ley de Emergencia Económica, presentado por una comisión conjunta de los partidos demócrata y republicano, ha relanzado la gravísima crisis de la economía y las finanzas de Estados Unidos, Europa y el resto del mundo.

Este fracaso de intento de salvamento de los grandes bancos y negocios financieros por un monto de más de 700 mil millones de dólares, equivalente a casi el 5,0% del producto interno bruto  (PIB), en base al expolio del fondo de consumo de las clases trabajadoras y medias, se reflejó inmediatamente en el derrumbe de los índices bursátiles, en especial del promedio industrial Dow Jones en casi 748 puntos o  6,7% a 10 mil 395 unidades. La combinación entre la creciente y masiva repulsa popular y la clara y privilegiada defensa de los intereses bancario-financieros hizo fracasar, sin lugar a dudas, dicho paquete de ayuda monetario y fiscal. Las masas populares y trabajadoras han decidido poner pare final a las reiteradas intervenciones estatales a favor de una minoría de banqueros y financistas, en razón de que el costo fiscal rondaría 1,8 billones (millones de millones) de dólares, a cargo de impuestos indirectos y adeudos públicos, cobrados a fin de cuentas a la gran mayoría de las familias proletarias y empresas productivas, sin garantía de brindar solución alguna a la debacle general de las finanzas y al sufrimiento de millones de hogares que han perdido o van a perder sus viviendas.

El plan no resuelve la problemática financiera porque faculta poderes dictatoriales al gobierno federal, en particular al Departamento del Tesoro, a comprar a los precios más baratos los activos tóxicos de los grandes bancos y corporaciones financieras, mediante realización de subastas inversas o negociaciones directas, sin control efectivo, a los fines supuestamente limpiar sus hojas de balance.