El gobierno central irlandés pretende resolver la crisis depresiva del país, en una coyuntura de recesión económica, insolvencia bancaria y bancarrotas estatales a nivel europeo y mundial, mediante la aplicación de una política deflacionaria en provecho del capital financiero y a costa de las clases trabajadoras y las comunidades populares.

En el corriente año 2010, se espera que las actividades económicas y productivas no se detengan en su desplome incontenible, expresado a través del decrecimiento de 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI), en un escenario crítico de ascenso del déficit del gobierno general a 16,6% y descenso del saldo negativo de cuenta corriente de balanza de pagos a 2,3%.

La administración del gobierno cree, sin lugar a dudas, que la programación de la baja de 2,5% de los precios de las  mercancías de consumo, la contracción de los costos de la fuerza de trabajo de cerca de 5,0% en el sector privado y hasta 15,0% en el sector público y la quita de alrededor de 33,0% de los valores de los activos financieros permitiría, en este, año repuntar la rentabilidad empresarial, estrechar las brechas de las cuentas internas y externas y rescatar las corporaciones bancarias.

En realidad, este programa de ajuste no haría otra cosa que profundizar la fase recesiva del ciclo de los negocios y la economía, conducir las finanzas de las entidades estatales al default o cese de pago de adeudos y empobrecer a la población.

El recorte del gasto gubernamental en remuneraciones salariales y erogaciones sociales, en casi 4 mil 350 millones de euros o 2,7% del PBI, implica inevitablemente la rebaja simultánea de la demanda interna, la renta nacional y la producción bruta, toda vez que las demandas privadas de consumación e inversión no pueden jugar un rol de sustitución por motivo de sus evoluciones declinantes. Sin embargo, la brecha deficitaria se apresta a aumentar, de manera neta, poco más o menos 8 mil 100 millones de euros o 5,0% del PBI, tras las autoridades gubernamentales decidir la fortificación de sus acciones discriminatorias de asistencia monetaria y recapitalización bancaria, en provecho de las grandes firmas financieras irlandesas, por medio de la recompra de activos tóxicos con bonos soberanos y la nacionalización total o parcial de los principales bancos comerciales.

La  burocracia monetaria planea recomprar títulos de adeudos bancarios valorados en 81 mil millones de euros por la suma de 54 mil millones.