La acentuación de la crisis económica y la pauperización de las clases trabajadoras en Haití han creado condiciones propicias para la formación de alianzas políticas anti-gubernamentales y la radicalización de las luchas populares, tales como las ocurridas recientemente entre asalariados y estudiantes, en forma de protestas callejeras en Puerto Príncipe, bajo la bandera reivindicativa de exigencia al dictador Préval de  promulgar la ley de subida del salario mínimo legal a 200 gourdes por jornada diaria, es decir poco más o menos 4,85 dólares por ocho horas de trabajo por día.  

Las cámaras de senadores y diputados de la República de Haití decidieron definitivamente aprobar, el 5 de mayo del corriente año, la propuesta de ley de alza de la tarifa salarial mínima legal por día a 200 de 70 gourdes, no obstante la oposición de la mayoría de los empresarios y la resistencia del gabinete del gobierno de La Esperanza.  y funciones congresuales. 

Luego, el 13 de mayo, la Asociación de Industrias de Haití (ADIH) expresó públicamente su rechazo a la demanda nacional de suba salarial y, concretamente, la aprobación congresual del incremento  de alrededor de 185,0% de la remuneración mínima, bajo el alegato de que tal medida de legalización de la cotización de la fuerza laboral provocaría enormes perjuicios a la estructura de costos y capacidad de competencia de los negocios .

Los patronos industriales plantearon en esa ocasión que, si la mínima tarifa legal asciende a 200 gourdes por día,   ejecutarán acciones lesivas al país, trabajadores y parientes, tales como el cierre de plantas, despido de mano de obra y revisión de las compensaciones sociales.

Esta postura de empresarios haitianos y extranjeros no es más que una maniobra de  desinformación pública y amenaza laboral.