Las estadísticas hablan, además de no resolver un solo de los problemas fundamentales del país, la sociedad dominicana retrocedió en los gobiernos de Leonel Fernández (2005-2012), no obstante gastar una cantidad de recursos públicos que no se compara con ningún otro gobernante desde la Primera Republica. La pobreza se mantuvo sobre 40% de la población total y la desigualdad monetaria, que los economistas miden con el coeficiente de Gini, no bajó de 0.50, a pesar de disponer adicionalmente de US$14,317 millones, de los cuales US$11,000 millones fueron préstamos internos y externos y US$3,317 millones en forma de nuevos impuestos.

El deterioro social lo tapó la abrumadora propaganda de que acumulado la economía creció 53.5%, pero los empleos creados fueron de poca calidad, lo confirman las estadísticas oficiales, más de la mitad informales. Se estancó el ingreso real de los ocupados, por la inflación de 49.5% y devaluación del peso de 16.08%, ambos acumulados. Además, el salario nominal de los ocupados no evolucionó en consonancia con su productividad.

También se mantuvo debajo de la alfombra el alto costo de la corrupción en la administración pública, que desvió buena parte de los US$14,317 millones adicionales, en resumen fue la opinión de empresarios y analistas que fueron encuestados para el índice de percepción de la corrupción, elaborado por Transparencia Internacional. De acuerdo con el índice la corrupción administrativa aumentó 45%, porque de una muestra de 177 países República Dominicana se desplomó del puesto 85 en 2005 al 123 en 2012.

Aunque organismos internacionales y economistas no se ponen de acuerdo sobre la metodología adecuada para cuantificar el costo de la corrupción administrativa, para República Dominicana la pérdida anual se estimó entre 2% y 5% del PIB en el 2005, en dinero entre RD$20 mil millones (US$676 millones) y RD$51 mil millones (US$1,700 millones). Los límites, aplicando el deterioro a que se refiere el índice de percepción de la corrupción, aumentaron a RD$67 mil millones (US$1,710 millones) y RD$168 mil millones (US$4,274 millones), entre 2.9% y 7.25%, respectivamente en el 2012. Es decir, con lo que se perdió en un año se paga la planta de carbón de la CDEEE y sobra dinero.

Como la corrupción administrativa tiene responsabilidad en la desigualdad, la obligación es reducir y congelar lo primero para revertir la tendencia de lo segundo, lo que puede lograrse con políticas diseñadas para nivelar el juego en el largo plazo. Que además sirvan para sacar de la pobreza desesperante a más de 10% de la población, a los indigentes, y regresar a la clase media a muchos dominicanos que pertenecían a ella y que ahora son pobres.

La solución radical, improbable en términos políticos en República Dominicana, es la que recomienda Thomas Piketty en su libro El Capital en el Siglo XXI, de aplicar un impuesto progresivo a la riqueza para corregir las disparidades entre ricos y pobres. Lo posible es eficiente, hacer la corrección de la desigualdad por el lado del consumo, en la práctica que los ricos paguen un impuesto progresivo. El mensaje es que se debe hacer algo y pronto, porque la distribución que prevalece es una bomba de tiempo. No puede continuar.