JOSÉ MANUEL GUZMÁN IBARRA
La sensación de inseguridad ciudadana se ha incrementado en relación a años anteriores, la delincuencia parece azotar el país. Un elemento que no se ha evaluado, no lo suficiente al menos, es el que proviene de la economía de la criminalidad. Es decir, del razonamiento económico que existe en el individuo que elige el camino del crimen; y de la economía política que existe, ya en términos sociales y que puede explicar porque la delincuencia de hoy tiene determinadas características que antes no tenía. Esta herramienta buscaría tener elementos adicionales para poder enfrentar exitosamente el crimen.

El delincuente, elige ese oficio porque toma una decisión racional: le es rentable. La criminalidad en el país es un atajo relativamente barato para llegar al objetivo de maximizar las ganancias económicas en corto tiempo. La clase social a la que pertenece el criminal no es el elemento más relevante. De clase baja o alta, el razonamiento individual es el mismo: la única forma de alcanzar ciertos niveles de ingreso de forma fácil es delinquiendo. En su cálculo el individuo valora los costos, entendidos como el riesgo de ser castigado y la rigurosidad del castigo, y valora la alternativa real, es decir los ingresos que tendría en actividades no delictivas.

Si la sociedad no ofrece estabilidad y progreso, individuos con preparación académica y clase social privilegiada puede evaluar dedicarse al crimen. Si se pertenece a una clase subalterna el cálculo será el mismo. Un país que no ofrece alternativas de ingreso reales, hacen que la opción del trabajo no sea la primera opción. El criminal actúa, como casi todos los seres humanos, con una lógica racional que puede ser interpretada desde el razonamiento económico.

En muchos casos el individuo piensa que puede delinquir hasta alcanzar un cierto nivel de ingresos que le permitan hacer inversiones «legitimas», abandonando el crimen y disminuyendo los riegos. En más de un ciudadano, incluso no criminales, encontramos que valora el acto ilegal como una especie de lotería. Se espera un buen golpe que le permita dedicarse a actividades en la que el riesgo no sea personal. Eso es igual para los habitantes de Capotillo o de Bella Vista. La impunidad es una forma de disminuir los costos y la ecuación hasta ahora ha sido: mejor posición en la clase social, más impunidad.

A lo largo del tiempo, la impunidad de las clases más privilegiadas ha provocado dos consecuencias, la primera un incremento en comportamientos criminales de las clases más pudientes, pues es notoria lo poco costoso de su impunidad y la segunda, un efecto imitación que las clases menos pudientes que abandonan el raterismo individual para dedicarse a actividades criminales más rentables que además de mejorar su condición material, le permiten comprar la impunidad que de otra manera le es negada. El pobre paga para obtener el privilegio que casi gratuitamente tienen los ricos.

Esa red llega hasta las cárceles. No es casual que el ministerio público del gobierno pasado hubiera participado alegremente de ese sistema de impunidades. Los sectores de menores ingresos encontraron una forma de abrirse paso en la carrera por el beneficio económico disminuyendo el riesgo de ser castigados. Toda una economía nueva fue creada, y la impunidad traspasa las puertas del castigo.

Dentro de este análisis uno se preguntaría ¿por qué la delincuencia se ha tornado tan violenta? ¿Por qué el desenlace fatal es más común hoy que hace un par de décadas?

El intercambio de disparos es una consecuencia elemental del contubernio entre sectores policiales y los delincuentes pues cuando el cuerpo del orden se ve presionado por el público para combatir el crimen, se rompe el acuerdo de impunidad y surge un conflicto difícil de entender y manejar para la autoridad o la ciudadanía.

El cuerpo represivo no puede llenar las cárceles y garantizar impunidad a todos, por lo que el castigo del crimen, es en realidad una acción selectiva que busca garantizar la impunidad de la autoridad cómplice. La reacción no puede ser otra que la violencia extrema. El intercambio de disparos, o pena de muerte extra judicial, es la causa directa de que el anti social incluya cada vez más el asesinato o su amenaza en su forma de operar. El asesinato de delincuentes incentiva la radicalización del crimen.

Ahora el riesgo para el delincuente no es ir a la cárcel, sino la muerte. Es menos costoso para el delincuente eliminar a la víctima que enfrentar él mismo el riesgo de morir. Y es, por supuesto más fácil enfrentar a la autoridad, que dejarse matar. El aumento del riesgo ha llegado a tal nivel que el resultado no es el abandono del crimen, pues enfrenta al criminal a una situación en la que a cualquier nivel de delito, tiene el mismo nivel de riesgo. Dicho de otro modo, el riesgo de morir a manos de la autoridad es el mismo si roba que si mata. El gravísimo problema es que para el criminal matar disminuye las posibilidades de su propia muerte.

Esta herramienta que apretadamente esbozo lleva a un conjunto de soluciones que convergen en un punto: la necesidad del fortalecimiento de las instituciones y el Estado de Derecho. Mientras más efectiva sea la justicia en imponer penas más eficientes que severas y que establezcan un mínimo de garantías individuales más costoso será que el delincuente recurra también al asesinato. Mientras menos impunidad tengan los delincuentes, y más eficientes seamos en aplicar justicia más fácil es que la sociedad tenga niveles de criminalidad menores. Un asunto de costo beneficio. Es solo una línea de análisis y no un plan de acción, pero brinda una forma de ver un mal social que se gestó a los ojos de todos, y que no parece disminuir con medidas de fuerza.