Cómo diseñar y desarrollar una política de instrucción pública que ofrezca un nivel de cualificación acorde con las exigencias del mundo en que vivimos? ¿Cómo elevar la calidad de los servicios de educación dentro del contexto de una economía de libre mercado y en medio de profundas desigualdades sociales y económicas? ¿Cómo llegar a hacerlo sin la ocurrencia de grandes transformaciones en el orden económico y social, y sin estar dadas las condiciones para que, dentro de la legalidad de la “mentada” democracia representativa, se pueda arribar a un ordenamiento social más justo y solidario? Esos y otros cuestionamientos inducen a muchos de nuestros colegas a pensar que la reforma de un sistema de instrucción pública necesariamente tiene que estar precedida por grandes transformaciones del entorno social donde esta habrá de tener lugar. Somos de opinión de que puede no estarlo.

Desde finales del pasado siglo 20 la economía dominicana ha venido experimentando cambios estructurales de cierta importancia. Ya pasó de ser una economía predominantemente agraria a una industrializada y de servicios. Debemos tomar en cuenta ese hecho al afirmar o negar que, en las presentes circunstancias, una reforma de nuestro sistema de instrucción pública pueda tener lugar.

Nosotros contemplamos con optimismo el intento de mejorar la calidad de los servicios de educación emprendido por el gobierno del presidente Danilo Medina. Asumimos esa actitud sin llegar a creer que, en momentos de tantas limitaciones y de tantos puntos de vistas encontrados, las autoridades de los ministerios de Educación estén llevando a cabo una profunda reforma de nuestro sistema de instrucción pública. Sostenemos en cambio que aquí se están sentando las bases para que dicho proceso pueda llevarse a cabo en un corto o mediano plazo.

Reconocemos que gracias a la inversión de más de un 4% del PBI en educación, del 4.6% para ser exacto, las autoridades de ese sector están desarrollando una serie de proyectos como el de construcción y equipamiento de aulas, el programa de capacitación y formación docente, el de revisión curricular, el de extensión de los horarios de clases, entre otros, lo que ha dado lugar a que la imagen pública relativa a la calidad de la enseñanza en las escuelas del país haya experimentado un cambio en sentido positivo. En el prólogo de la obra “Aprendizaje y Desarrollo Profesional Docente” de varios autores, publicada por la Fundación Antillana, Álvaro Marchesi, Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) refiriéndose a la calidad de la educación afirma lo siguiente”: La calidad de la Educación de un país no es superior a la calidad de su profesorado. De ahí la prioridad que la mayoría de las reformas educativas otorgan al fortalecimiento de la profesión docente….” Justamente, es lo que aquí se ha venido haciendo en los últimos meses. Somos de opinión de que si no nos apartamos de la ruta trazada, a la vuelta de unos cuantos años, la República Dominicana figurará entre los contados países de la América española que disponen de excelentes escuelas públicas a las cuales todos puedan acceder.

Identifiquemos el tipo de compromiso social capaz de proporcionarnos una instrucción pública eficiente y creativa. Y hagámoslo sin apartarnos del principio innegociable de que todas las personas tienen derecho a la educación, tal y como lo establece el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Artículo 63 de la Constitución de la República. Paradójicamente, los gobiernos que antecedieron al actual del presidente Danilo Medina destacaban la importancia de disponer de un sistema de instrucción pública de calidad al cual todos (plural genérico) tuvieran acceso; pero, a sabiendas de que ello ocasionaba unos gastos superiores a los que estaban dispuestos a pagar, diseñaban estrategias para una supuesta mejora de la instrucción pública basada en la reducción de las partidas presupuestarias destinadas a ese sector.