Jesús De la Rosa 
La prensa europea se hizo eco de las conclusiones y de las intervenciones de algunos de los participantes en el VI Fórum Económico Internacional Sobre América Latina y el Caribe que se celebró en París durante los días transcurridos entre el 30 de junio recién pasado y el 2 de julio en curso. Allí se debatió el rumbo a seguir por las economías latinoamericanas, una vez finalizada la llamada Década Dorada “propiciada principalmente por el tirón de la demanda china y los altos precios de las materias primas sobre todo de los minerales”. En ese cónclave fueron identificados una serie de males que afecta el crecimiento de los países latinoamericanos y caribeños tales como la baja productividad; las desigualdades sociales; la informalidad en el empleo; y la falta de inversiones en infraestructura, entre otros. Hubo consenso en la urgente necesidad de una revolución educativa, “tanto en lo que se refiere a la inclusión social de mujeres y jóvenes como la búsqueda de la excelencia” Por lo que deducimos que la mayoría de los participantes en dicho Fórum consideró que una reforma de la educación es posible en medio de desigualdades. Uno de ellos, el doctor Danilo Astori, vicepresidente de Uruguay, fue todavía más lejos, al considerar la reforma de la educación como primer paso “para mejorar la productividad, y en la apuesta por la calidad y la apertura de la sociedad”. Reafirmamos nuestra convicción de que para esos efectos, la educación, proporcionada en condiciones homogéneas de calidad, es un instrumento tan idóneo como el máuser reivindicador.
Con el fin de intensificar los esfuerzos que se vienen haciendo en favor de elevar la calidad de nuestro sistema de instrucción pública, los ministerios de Educación, nos referimos al MEDRD y al MESCyT, desarrollan tres importantes proyectos: el de construcción de escuelas y equipamientos de aulas; la revisión de los contenidos curriculares; y el de la formación y capacitación docente. Del primero se ha hablado bastante, por lo que sólo vamos a referirnos a los dos últimos. Tenemos entendido que la revisión curricular a la que aludimos se circunscribe a los niveles iniciales, básicos y secundarios, por lo que pedimos que la misma se extienda hasta la enseñanza técnica profesional, y que sea objeto de análisis, reflexión y discusión. Apostamos a que los nuevos egresados del programa de formación y capacitación docente, además de disponer de conocimientos actualizados y del dominio de una lengua extranjera, se encuentren en disposición de usar las nuevas tecnologías de la información y comunicación en los procesos de enseñanza aprendizaje. Y que todo esto se alcance en menores plazos que los contemplados en el conjunto de la reforma. No estamos partiendo de cero. Contamos con un personal técnico profesional que nunca antes habíamos tenido, lo que nos ha permitido ir aumentando la capacidad de los profesores en servicio a un ritmo más acelerado que el esperado. Los nuevos egresados de dichos programas procurarán que sus alumnos adopten los valores tradicionales a las realidades emergentes sin que se produzcan quiebras individuales y colectivas. Los esfuerzos que se han venido haciendo ya han comenzado a dar sus frutos: Las escuelas públicas, otrora tan satanizadas, en estos momentos no disponen de espacios para atender al aumento de la demanda producida por miles de alumnos cuyos padres han optado por retirarlos de colegios privados para ingresarlos en planteles públicos mejores equipados y servidos por maestros titulados.
Leímos en el periódico HOY, en su edición correspondiente al 10 de julio en curso, unas declaraciones de los destacados economistas Miguel Ceara Hatton y Ernesto Selman en las que ambos manifestaban su preocupación por la forma en que se estaría invirtiendo los recursos estatales destinados al financiamiento de la instrucción pública.
