A juzgar por el mensaje dirigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a los inversionistas en sentido general, las autoridades de la República Dominicana han tenido éxito en la aplicación de las disciplinas acordadas con ese organismo en febrero pasado.

Eso, al menos, puede deducirse de las expresiones del director gerente del FMI, Rodrigo Rato, quien alienta a los inversionistas internacionales a participar en la dinámica de una economía sometida a controles que tienen la finalidad de quebrar la situación de descrédito en que cayó el país.

Aunque el FMI expresa con claridad que su valoración del esfuerzo dominicano por sanear la economía no significa un respaldo del organismo al estilo de manejo, las expresiones del señor Rato tienen un alto significado, sobre todo en  momentos en que se produce una búsqueda incesante de inversiones extranjeras.

Hasta este punto, parecería que todo marcha sobre ruedas y que en apenas cuatro meses de un acuerdo de dos años hemos logrado avances importantes en la tarea de reactivar la confianza perdida por las causas que todos sabemos.

Sin embargo, el Gobierno dominicano tiene que procurar mejorar la impresión que causan ciertas tendencias que denotan abandono de las prioridades urgentes para destinar atención y recursos a realizaciones que no se corresponden con las necesidades más apremiantes del país.

Es necesario que para apuntalar las valoraciones hechas por el director del FMI, el Gobierno dominicano asuma con mayor rigor su responsabilidad de mejorar las garantías de seguridad pública y su desempeño en la persecución y castigo de la corrupción. La falta de seguridad, en particular, que es uno de los problemas sociales más graves, influye enormemente en la dinámica de la economía y en el comportamiento de las inversiones.

Pero, como afirma el propio FMI, el Gobierno debe estar claro en que faltan aún reformas estructurales. Por tanto, no estaría mal que los puntos débiles señalados anteriormente sean puestos a tono con el interés de mejorar nuestra imagen.

 Por cierto…

El director general de Aduanas, Miguel Cocco, ha expresado su decisión de no someter a la justicia a quienes sean sorprendidos introduciendo contrabandos o evadiendo impuestos, y que en cambio recurrirá a las penalizaciones que le autorizan la ley 193 y el Código Tributario. Su decisión, según expresara, obedece a que no tiene confianza en la justicia.

No vamos a enjuiciar esta decisión, pero llama la atención el hecho de que una de las principales instituciones del Estado, como es Aduanas, tenga que fundamentar en estos argumentos su decisión de castigar el delito por los medios que le confiere ley, en vez de tramitar la sanción a través de la justicia.

Sin lugar a dudas, estos descreimientos tienen un peso específico muy importante cuando, por alguna razón, pueden ser barajados en valoraciones sobre la confianza que pueda merecer el país. Este aspecto quizás encaje en nuestras observaciones al Gobierno, en el tema anterior, al comentar las valoraciones que hiciera el director del FMI sobre la situación del país. ¿No es así?