Economía y orden público

Economía y orden público

DARÍO MELÉNDEZ
Cuando las cosas comienzan mal, mal terminan. La Policía Nacional fue creada por Trujillo para espiar y reprimir la ciudadanía, quitando a los ayuntamientos la potestad de mantener el orden en sus jurisdicciones, lo que ha traído como consecuencia la iresponsabilidad comunitaria y la aberración del orden social, caracterizada por la represión y el terror, que naturalmente se contraponen al orden cuando existe un régimen de relativa libertad.

La Policía, como cuerpo del orden, ha pasado por distintas etapas en sus actuaciones, entre las que se destaca la época en que los gentes de tránsito estafaban a conductores, situación que era mantenida por los jefes y tolerada hasta por la tiranía. Acabóse esa práctica, por las protestas de la ciudadanía y se recurre a otras ejecutorias en sustitución de ese delito, para reponer los ingresos que percibían los jefes por concepto de chantaje a conductores, lo que ha ocasionado el desorden moral que aqueja esa dependencia oficial.

Ya la situación se ha tornado irreversible, los ingresos y las prebendas consentidas no pueden descartarse, existen precedentes oficializados y la descomposición moral que afecta ese cuerpo militar, supuesto a proteger la ciudadanía, es de tal magnitud que por mucho que se quiera arreglar ese organismo, está maleado de tal forma que nadie podrá componerlo; ya la población le ha perdido toda confianza y tiene como agresores a quienes debían ser sus defensores; la situación no es nada auspiciosa, aunque no debe dejar de reconocerse la buena voluntad de quienes se esfuerzan por enrumbar esa dependencia oficial por buen camino.

Existe una sola y única opción: desplazar ese cuerpo y crear policías municipales como existían cuando se creó la Policía Nacional. La policía municipal depende directamente del Juez de Paz y actúa independientemente de cualquier otro poder del Estado, su función es velar por el orden en cada vecindario y, como el comisario conoce su gente, sabe de qué pie cojea cada quien, el delito se mantiene bajo control. Cuando se presenta un desorden en el lugar, que escapa a la capacidad policial, le auxilia la Guardia Nacional que también existía antes que el dictador dispusiera mantener su sistema de orden mediante la persecución y el terror político, que en sistemas dictatoriales mantiene en jaque los delincuentes, matando las libertades y humillando la ciudadanía, dando pie a las rebeliones.

Si se desea que el orden público se restablezca, no se debe pensar que la Policía Nacional pueda actuar en esa misión, ya su conducta está acostumbrada al sistema que ha prevalecido y no puede cambiar, aunque le sometan a una rigurosa disciplina. Lo que procede es formar con ella la Guardia Nacional que se mantenga a la expectativa de desórdenes mayúsculos que puedan presentarse, los cuales escapen al control municipal y ameriten la intervención de un cuerpo armado, propio para sofocar motines.

No debe olvidarse que la delincuencia ha tomado un auge extraordinario, al convertir el comercio de estupefacientes en delito de Estado, como existía después de la ocupación americana en 1916, cuando el expendio de bebidas alcohólicas era delito igual que hoy es delito vender drogas.

Uno se pregunta ¿Por qué hemos de seguir directrices foráneas, imposiciones reglamentarias, que inducen nuestra población a delitos provocados? ¿Por qué en Curazao, en su sector que llaman «Campo Alegre» no se persigue el comercio de drogas, siendo un sitio de lenocinio, que sin duda alguna ofrece no sólo trata de blancas sino todo incluido?

Existe una situación sui generis que nos induce al desorden, una proscripción generalizada que impone inseguridad y persecución contra la ciudadanía indefensa, alentando los abusos y el crimen, así no se puede pretender estar civilmente organizados, mientras se nos somete a constante temor e incertidumbre que no nos deja vivir en paz. Por mucho esfuerzo que quieran disponer las autoridades, tropiezan siempre con un sistema anormal, establecido y consentido, que obliga a condescender, sin que se vislumbre un final, un corte de raíz a la delincuencia oficializada.

No debe olvidarse la causa que da origen a la situación existente, el Estado es el gran administrador de recursos a comercializar y repartir por quienes detentan posiciones de poder, el erario es sumamente enjundioso, permite hacer muchos negocios con las funciones, los valores que acopia y los supuestos servicios que se ofrecen, servicios creados adrede par negociarlos y lucrarse los que los administran. ¿Acaso no son negociados la mayoría de los impuestos que se pagan? Nadie puede pensar que las cargas impositivas existentes las pueda pagar un pueblo pobre, es por ello que los gobiernos se endeudan y continuarán endeudándose hasta que se presente el inevitable colapso, porque las deudas acumuladas nadie las podrá pagar.

Si no se dispone una sustancial reducción del estado -lo que no se vislumbra por el momento- habrá que esperar un desenlace económico a corto o largo plazo, inevitable por necesidad. Las deudas gubernamentales acumuladas no las puede pagar nadie y el orden público no depende de una policía represiva, depende del sustento económico que la población pueda lograr, si no se le sustraen sus ingresos.

Soslayar la realidad es meter la cabeza en la arena.

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