No se trata de un gesto simbólico, tampoco de un paso menor ni de un compromiso diminuto. Con la puerta que la República Dominicana busca abrir para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), acompañada por el Banco Interamericano de Desarrollo, podría sellar uno de los compromisos más profundos de su historia reciente con la transformación de sus instituciones y con las reformas que exige el desarrollo.

Y es que pertenecer a la OCDE no significa adoptar una actitud contemplativa. Implica, más bien, sumergirse en un proceso dinámico de adopción de mejores prácticas en materia de fiscalidad, transparencia y competencia en los mercados, además de someterse periódicamente al escrutinio comparativo de resultados.

Otros países latinoamericanos ya han tomado asiento en ese organismo. El primero en ingresar fue México, en 1994; mucho después lo hicieron Chile, en 2010; Colombia, en 2020; y Costa Rica, en 2021.

Al igual que esas naciones, la República Dominicana cuenta con condiciones que le permitirían aspirar a esa membresía. En primer lugar, durante las últimas dos décadas, la economía dominicana ha sido una de las de mayor crecimiento en América Latina. Ese dinamismo se ha sostenido en pilares como el turismo, las zonas francas, las remesas, la inversión extranjera y el impulso de la construcción y la infraestructura.

Ese crecimiento ha venido acompañado de otro rasgo no menos relevante: la dominicana ha sido una economía emergente relativamente estable, una cualidad que la OCDE valora de manera especial.

A ello se suma el fortalecimiento de instituciones como el Banco Central y el Ministerio de Hacienda y Economía, lo que ha contribuido a configurar un marco macroeconómico razonablemente sólido: inflación moderada, estabilidad del sistema financiero y un manejo prudente de la política monetaria.

Desde el punto de vista geopolítico y económico, la ubicación de la República Dominicana en el Caribe, su cercanía a Estados Unidos y su creciente papel como centro logístico y turístico regional también añaden atractivo a su eventual ingreso en la OCDE.

De ahí que el mayor desafío no radique tanto en el desempeño económico como en la calidad institucional. 

Los ámbitos en los que la OCDE suele exigir avances sustanciales incluyen la transparencia institucional, la eficiencia del gasto público, la calidad educativa, la productividad, la reducción de la informalidad laboral y la modernización del sistema tributario.

Son terrenos en los que el país ha dado pasos importantes, aunque todavía queda un largo trecho por recorrer. Y quizá, precisamente con la buena compañía de la OCDE, ese camino podría acortarse, acercando cada vez más a la República Dominicana a los estándares que distinguen a las economías más avanzadas.