Esperanza en modificación de Ley de Residuos Sólidos tras observación presidencial

En una entrevista reciente en el programa Uno+Uno de Teleantillas, la directora ejecutiva de ADOCEM, Julissa Báez, destacó los avances y retos que enfrenta la industria cementera en el manejo de residuos sólidos, en el marco de la Ley 225-20.

“Aquí todavía los temas de residuos estamos en pañales, es un sector incipiente”, afirmó Báez, al referirse al lento desarrollo del coprocesamiento como alternativa sostenible en la producción de cemento.

La ejecutiva señaló que, aunque el sector ha promovido el uso de residuos como fuente energética desde antes de la promulgación de la ley, aún no existe una infraestructura adecuada ni una oferta suficiente de residuos valorizables para cumplir con los porcentajes exigidos por la normativa.

Además, hizo un llamado a la transparencia en la definición de tarifas y fórmulas aplicadas en el proceso de gestión de residuos, y subrayó la importancia de la responsabilidad extendida del productor, como principio clave para garantizar el destino final de los desechos.

El presidente de la República ha expresado su intención de observar la ley, lo que genera expectativas sobre posibles modificaciones que respondan a las necesidades del sector y fortalezcan el marco jurídico vigente.

“El compromiso de la industria está, en lo que estamos promoviendo hace años”, concluyó Báez, reafirmando la disposición del gremio cementero a colaborar con el desarrollo de soluciones sostenibles.

Residuos solidos

El proyecto que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20) ha generado posturas encontradas entre diversos sectores de la sociedad.

Entre los que se han pronunciado figura la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), que advirtió que esta iniciativa legislativa —actualmente a la espera de promulgación por parte del Poder Ejecutivo— podría tener consecuencias negativas para la competitividad del aparato productivo nacional, el clima de inversión y la sostenibilidad económica del país.

La organización consideró desproporcionado el aumento proyectado de un 275% en la contribución especial para la gestión de residuos, por lo que sugirió que el ajuste cuente con respaldo técnico y considere criterios diferenciadores según la cantidad real de residuos generados.

Asimismo, la Cámara enfatizó la necesidad de evitar prácticas monopólicas en el manejo de residuos, rechazando disposiciones que obligan a utilizar exclusivamente un relleno sanitario autorizado por región o que limitan la posibilidad de valorización directa por parte de los generadores. “Es esencial salvaguardar la libertad de empresa y promover la economía circular”, indicó la entidad.