Hagamos de la disputa sobre la cesantía una oportunidad

La férrea resistencia de ciertos sectores a cualquier modificación del régimen de cesantía, aún cuando se garantiza la preservación de los derechos adquiridos por los trabajadores, da la impresión de que poco importa que las cifras muestren con claridad que este beneficio representa el componente de mayor peso dentro del costo laboral en la República Dominicana. Según la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), dicho costo, sumado a otros elementos laborales no salariales, puede alcanzar hasta un 222.7 % del costo total para las empresas en un período de veinte años.

Tampoco parece importar que la cesantía se haya convertido en uno de los factores que contribuyen a la quiebra de numerosas empresas, especialmente micro, pequeñas y medianas, ni que actúe como una de las principales barreras para el incremento salarial y la expansión del empleo formal.

Puede leer: El “Bleisure” seduce a República Dominicana: la nueva forma de viajar que une negocios y placer

Se hace imperativo, por tanto, abordar este tema desde diversas dimensiones estratégicas, con el propósito de que la sociedad, en particular quienes se oponen a la reforma, comprenda la importancia de no fijar la mirada únicamente en una ramita, pues así se corre el riesgo de ignorar el bosque entero y sus múltiples frutos.

El primer paso es identificar con claridad la raíz del conflicto. ¿Se trata de una ambigüedad legal o de una desproporción entre el beneficio para el trabajador y el costo que representa para el empleador?

El hecho de que esta controversia se haya prolongado durante décadas constituye una señal inequívoca de que el problema es real, profundo y hasta ahora mal resuelto. Se impone, por tanto, una reforma que, sin menoscabar los derechos existentes, ajuste su diseño a las exigencias de la realidad actual.

Esta solución exige una actitud de apertura por parte de los actores involucrados, quienes deben pasar de una visión del derecho como obstáculo a una concepción del derecho como garantía útil, viable y equilibrada.

No siempre es posible implementar los cambios de manera inmediata. Podría ser necesaria, y así deben comprenderlo las partes, una fase de transición gradual. En caso de que se decida reformar el régimen de cesantía, sería aconsejable establecer un sistema transitorio que respete los derechos adquiridos por quienes ya forman parte del sistema.

Considerando el enorme desafío que representa la informalidad laboral, una modificación del régimen de cesantía, que en sí misma contribuiría a reducir dicha informalidad, podría aprovecharse para impulsar lo que algunos denominan una formalización inteligente, basada en políticas públicas que hagan más atractiva la incorporación a la formalidad. Entre estas medidas se podrían incluir subsidios temporales, cotizaciones reducidas para nuevos empleos formales o acceso preferencial al crédito para empresas formalizadas.

Asimismo, una reducción en la carga operativa asociada al cumplimiento de las obligaciones laborales podría contribuir a compensar, al menos en parte, los costos de las prestaciones, fortaleciendo así la sostenibilidad del empleo.

De este modo, evitaríamos que una prestación concebida para proteger termine, en la práctica, expulsando el empleo formal y dejando de cumplir su función social.

Y, sobre todo, nos aseguraríamos de transformar el conflicto en una verdadera oportunidad: actualizar, equilibrar y consensuar una solución que rescate el espíritu protector del derecho laboral sin poner en riesgo la viabilidad del empleo formal, que es, en definitiva, su pilar fundamental.