Que la tasa de informalidad laboral haya descendido a 55.5% en 2024 (desde 56.8% en 2023), y que en 2025 haya continuado su trayectoria a la baja hasta ubicarse en 54.1%, no significa todavía que se haya superado el umbral estructural que históricamente ha mantenido por encima del 55%. Sin embargo, sí dibuja un horizonte alentador que merece ser observado con atención y, sobre todo, con decisión.

Lo relevante es que, tras dos años consecutivos de reducción gradual, la informalidad abre una ventana de oportunidad para su consolidación. Una ventana que interpela tanto al Gobierno como al sector privado a actuar con determinación para impedir que vuelva a cerrarse.

Y el momento es propicio. La economía crece, y las reformas estructurales encuentran terreno más fértil en tiempos de expansión que en escenarios de crisis.

Además, aunque la disminución ha sido moderada, es consistente. Dos años consecutivos de descenso sugieren que no se trata de simple ruido estadístico, sino de una posible inflexión en la trayectoria.

También existe un incentivo político evidente: es más viable profundizar una tendencia positiva que revertir una negativa. Las reformas encuentran menos resistencia cuando acompañan mejoras palpables.

Ahora bien, si un análisis más riguroso concluyera que aún no estamos ante un cambio capaz de modificar el comportamiento estructural de la informalidad, habría que corregir el rumbo sin demora. Pero si, por el contrario, el mercado estuviera señalando una nueva dinámica, el imperativo sería consolidarla, convertir lo coyuntural en estructural y transformar el avance en permanencia.

A falta de un diagnóstico definitivo que explique con precisión la caída observada en 2024 y 2025, pueden señalarse algunos factores plausibles: mayor formalización empresarial, fortalecimiento de la fiscalización y el registro laboral, expansión del empleo formal en zonas francas, turismo organizado y construcción, así como un proceso gradual de digitalización y facturación electrónica.

Sin embargo, sostener y profundizar esta tendencia exige mucho más que circunstancias favorables. Requiere arrancar de raíz los factores que han hecho de la alta informalidad un rasgo estructural del país: la baja productividad de las microempresas, los elevados costos de formalización, un sistema de seguridad social oneroso para los pequeños empleadores y la elevada proporción de autoempleo.

Si queremos que la formalidad laboral no sea apenas una coyuntura estadística sino una realidad duradera, debemos actuar ahora. Las raíces se siembran cuando el terreno está fértil. Y hoy, parece estarlo.