Impulso a la IA obliga a establecer su marco legal

Con el salto que se prevé dará la inteligencia artificial en el país, tras la creación del Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial (CEIA), fruto del acuerdo entre el Gobierno y NVIDIA, se hace impostergable la aprobación de una ley que regule el inmenso poder transformador de esta tecnología, en la que habita una fuerza capaz tanto de elevar como de destruir.

Así como promete acrecentar la productividad, fortalecer la salud, enriquecer la educación y optimizar la gestión pública, también encierra riesgos profundos si avanza sin el amparo de una regulación robusta y previsora.

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En otras palabras, sin una brújula legal, todo viaje hacia el desarrollo de un mercado emergente corre el riesgo de naufragar antes de alcanzar su puerto. Y esto aplica, con mayor razón, a la inteligencia artificial, esa nueva frontera que construye un universo de códigos y destellos, destinada a conducirnos hacia territorios antes inimaginables.

Esa convicción ya la han abrazado varios países del mundo, y particularmente de América Latina y el Caribe, que han comenzado a trazar el mapa legal de su desarrollo.

La más reciente noticia proviene de Chile, donde la Cámara de Diputados aprobó, el pasado 13 de octubre, un proyecto de ley que busca establecer principios para un desarrollo ético y responsable, garantizando la transparencia en los contenidos generados por IA.

Otros países de la región también han avanzado con determinación.

Perú fue pionero, al aprobar en julio de 2023 la Ley N.º 31814, que promueve el uso de la IA para el desarrollo económico y social, y posteriormente la Ley N.º 32082, que regula su aplicación en los servicios consulares.

El Salvador, por su parte, sancionó este año la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías Afines, con un enfoque “amigable para desarrolladores”, que impulsa la formación en IA, delimita responsabilidades, fija estándares éticos, como transparencia e inclusión, e instituye un registro nacional de sistemas de IA.

A su vez, Uruguay firmó el tratado global del Consejo de Europa, titulado Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law, un instrumento vinculante que busca asegurar que los sistemas de IA respeten los derechos humanos y los valores democráticos.

Frente a una marea tecnológica que asciende sin aviso, otras naciones también buscan abrigo en la regulación: Brasil, México, Colombia, Jamaica y Trinidad y Tóbago se encuentran entre ellas.

Y ahora que, con el acuerdo con NVIDIA, el Gobierno dominicano busca convertir al país en un laboratorio de innovación, capaz no solo de consumir esta tecnología, sino también de crearla, es imperativo que aborde el tren de la regulación, para no quedar como la sombra que observa partir la luz.