La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) afirmó que la actualización del marco legal minero es la herramienta idónea del Estado para asegurar la custodia rigurosa de los recursos naturales.

Para Camipe, la Ley 146-71 ha cumplido su ciclo, resultando insuficiente frente a los desafíos climáticos y las garantías de la Constitución de 2010.

La propuesta de Camipe busca que la ley reconozca las “No-Go Zones” (zonas de exclusión), donde la biodiversidad y el agua sean la única prioridad .Camipe propone que el Estado, basado en estudios hidrogeológicos y criterios científicos, defina dónde no es factible la actividad minera.

“Saber dónde no operar es tan importante como saber dónde sí”, dijo Martín Valerio, director ejecutivo de Camipe. 

“Queremos que la ley dote al Estado de ‘dientes’ para prohibir la actividad donde la ciencia lo indique, integrando de forma orgánica la Ley 64-00 de Medio Ambiente para dar paz ambiental a las comunidades”, dijo.

La propuesta técnica exige que la remediación ambiental sea obligación financiera ejecutable desde el inicio de la operación

“La minería responsable que en Camipe representamos es la primera interesada en reglas claras y estrictas. República Dominicana merece una legislación que no sólo vea el potencial mineral, sino que proteja el agua y el bosque a través del rigor científico”, dijo el presidente de Camipe, Pedro Esteva.