En medio del debate público generado en torno a la implementación del modelo de per cápita diferenciado en el Seguro Familiar de Salud (SFS), especialistas en economía y políticas públicas coinciden en que esta medida corrige distorsiones históricas y fortalece la sostenibilidad del sistema.

Especialistas en el área, como Arismendi Díaz Santana y Pedro Ramírez Slaibe, así como los economistas Henri Hebrard y Andy Dauhajre, coinciden en que el esquema de cápita uniforme, que paga lo mismo a todas las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) sin considerar el perfil de riesgo de sus afiliados, favorece a las ARS con poblaciones jóvenes y saludables, afectando así a aquellas que atienden a adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Hebrard explicó que con el modelo de per cápita diferenciado, el sistema dominicano avanzaría hacia un nivel más justo y transparente, pues el ajuste de la capitación evidenciaría la complejidad operativa y los costos reales para las ARS, en función del perfil de sus afiliados.

En cuanto a la supuesta afectación para los afiliados, el economista asegura que, por el contrario, se fortalecerá el servicio que ofrecen las ARS a los mismos, ya que el sistema contará con un mecanismo financieramente realista, además de habrá una mayor calidad en los servicios y se garantizará la continuidad de los mismos.

“Lo que tendríamos es un sistema de un financiamiento más realista, que garantizará la continuidad y calidad de los servicios, especialmente para la población más vulnerable, que debe ser el objetivo. La salud no puede analizarse únicamente desde una lógica mercantil, sino desde el principio constitucional del derecho universal y progresivo a la salud”, afirmó.

Mediante la Resolución No. 624-02, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó un modelo de cápita ajustado por riesgo, basado en variables objetivas como edad y sexo, alineando los recursos con el costo real de la atención médica. Este enfoque, utilizado en sistemas de salud avanzados, responde además al acelerado envejecimiento de la población dominicana.

De acuerdo con datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la población mayor de 65 años crecerá más de un 25 % hacia 2030, mientras que estadísticas de la SISALRIL muestran que este grupo puede costar hasta tres veces más que el afiliado promedio. El nuevo modelo reconoce estas diferencias y sustituye el esquema único que ignoraba el riesgo real.

Contrario a algunas versiones que circulan en la opinión pública, la cápita diferenciada no implica aumento de costos para los afiliados, ni reducción de beneficios, ni favorece a grupos específicos. Se trata de una corrección técnica que promueve una competencia más justa entre las ARS, protege a quienes asumen mayores riesgos y fortalece la sostenibilidad del sistema.

En un contexto donde la salud es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, avanzar hacia un modelo que reconozca las diferencias reales de riesgo no solo es justo, sino necesario para preservar el sistema y proteger a quienes más lo necesitan.