¿Por qué la sobreprotección perjudica al inquilino?

La casa aún olía a lo desconocido cuando Alberto y María llegaron a la vivienda que habían alquilado en la calle Bonaire, en el residencial Alma Rosa, para iniciar sus primeros años de matrimonio, tras regresar de su luna de miel.

Encontrar ese techo no fue entonces tan difícil. Eran tiempos en que el déficit habitacional no había alcanzado los niveles actuales, impulsado por una creciente migración del campo a las zonas urbanas, el aumento de la población y un mercado inmobiliario debilitado por un entorno legal poco favorable a la inversión. Allí nació su primer hijo, Joel, quien fue apadrinado por don José y doña Antonia, vecinos entrañables con quienes Alberto y María forjaron una amistad que fluyó como un río que jamás olvida su cauce.

Tres años después, aquella amistad tuvo que enfrentar la dolorosa prueba del distanciamiento físico. Alberto cambió de empleo y comenzó a trabajar en una empresa ubicada en Herrera. El costo del transporte y el tiempo del traslado eran ya insostenibles. Se vieron obligados a emprender la difícil búsqueda de un nuevo hogar que los acercara al entorno laboral. Finalmente, encontraron una vivienda en la calle Segunda del barrio Honduras, tras un esfuerzo tan arduo, debido a la escasez de oferta y los altos precios, que al lograrlo sintieron como si le hubieran arrancado un suspiro al viento. Bajo ese nuevo techo nació Rosa, la segunda hija de la pareja.

Puede leer: Que la protección al inquilino no quiebre al arrendador

Con el tiempo, Alberto entabló una sólida amistad con Porfirio, el arrendador de esa vivienda. Al cabo de cinco años, Porfirio le pidió, casi en tono de súplica, que desocupara la casa en el plazo de un año. Su hermano estaba por casarse, y la escasez de viviendas, sumada al alza de precios, hacía muy difícil conseguir una con buena ubicación y precio razonable.

Fue entonces cuando a Alberto se le ocurrió una idea, que conversó con su esposa y, tras ponerse de acuerdo, decidieron llevar a cabo: invertirían su modesto ahorro en la compra de un solar para construir su propia vivienda.

Los solares ya se habían encarecido mucho en las zonas más urbanizadas, por lo que optaron por uno en La Altagracia, en Herrera. Comenzaron la construcción con tanta entrega que, aunque el avance fue lento, lograron levantar su casa, aún a medio terminar, mientras veían crecer su familia. Al cabo de un año nació el tercero de sus hijos, y en esa misma vivienda, al tiempo que completaban su hogar, tomaron asiento para ver cómo se afianzaba su historia familiar.

Hoy sus tres hijos son adultos. El mayor ya es profesional y ha formado su propia familia. Los dos menores están por concluir sus estudios. Sin embargo, todos ejercen presión para que sus padres se muden: algunas zonas del barrio se han tornado ruidosas y aspiran a vivir en un entorno más acorde con su nivel de vida y sus expectativas.

Pero Alberto y María no han podido marcharse. Están atrapados entre tasas de interés que hacen prohibitivo el acceso al financiamiento para adquirir o construir una nueva vivienda, un mercado de alquiler inaccesible y los ecos que resuenan en los muros de los recuerdos.

El caso de Alberto y María pone en evidencia cuán perjudicial puede ser para las familias y para la economía mantener un entorno legal que desincentiva la inversión privada en viviendas de alquiler. En cambio, una legislación que favorezca e incentive dicha inversión, además de dinamizar el mercado, ofrece múltiples ventajas: permite a las personas mudarse con mayor facilidad conforme cambian sus circunstancias laborales, familiares o personales, mejora el acceso a viviendas bien ubicadas y brinda estabilidad a quienes, por decisión o por necesidad, no desean asumir una hipoteca.

En definitiva, estimular la inversión privada en viviendas para alquiler es apostar por el bienestar de las familias y el crecimiento de la economía.