Retos del escalón ganado por el mercado cambiario

Después de dos décadas de alto crecimiento con relativa estabilidad de precios, habiéndose abstenido el Banco Central intervenir en el mercado cambiario en 2025, habiendo establecido nuestras regulaciones para asegurar una mayor trasparencia de las operaciones de divisas y estando las reservas internacionales del país en niveles holgados (más de 11% del PIB), el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha considerado que ese mercado ha aprobado las pruebas que, según los parámetros de ese organismo, lo habilitan para escalar de la clasificación de flotación administrada, adoptada en 2012, a la clasificación de flotante.

Estamos ante un cambio histórico de la clasificación, pues es la primera vez en que el FMI clasifica oficialmente al régimen cambiario dominicano como flotante. Eso refleja un cambio estructural importante: pasar de una política cambiaria administrada a un esquema de tipo de cambio determinado por el mercado, con intervención mínima del Banco Central.

Este cambio en la clasificación tiene un gran significado para los agentes económicos: Ahora el tipo de cambio ahora, según el FMI, es determinado por el mercado (oferta y demanda), sin un objetivo oficial de “anclar” la tasa. Esto no anula totalmente la intervención del Banco Central, sino que la limita a situaciones excepcionales, como para suavizar choques externos muy fuertes, no para mantener una banda fija o una meta de cotización.

El cambio conduce a una mayor flexibilidad cambiaria, lo que permite al tipo de cambio ajustarse a desequilibrios externos, sin presión de mantener una paridad fija. Esta ganancia en la clasificación impone grandes retos para el Gobierno y el Banco Central.

Obliga a la autoridad monetaria a extremar la profesionalidad en el manejo de los instrumentos de la política monetaria: operaciones de mercado abierto, tasa de interés de referencia y encaje legal, para asegurar que la liquidez responda a la realidad de la economía.

Y al Gobierno, exige disciplina fiscal y calidad en el gasto. Obviamente, también de asegurarse la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal.

Tanto la autoridad monetaria como la fiscal han dado muestras de que así lo han entendido. La aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y el compromiso asumido públicamente por el gobernador Héctor Valdez Albizu y el ministro de Hacienda, Magín Díaz, de marcar un antes y un después en la coordinación de ambas políticas así lo indican. De manera que hay razones para esperar que buena clasificación obtenida no quede suspendida en el aire, sino que encuentre un suelo fértil donde hacer futuro.