Superintendencia de Seguros someterá involucrados venta terrenos de Segna

POR SOILA PANIAGUA
El superintendente de Seguros denunció ayer la venta irregular de unas tres parcelas ubicadas en Santiago valoradas en unos RD$300 millones, pero que fueron adjudicadas en sólo RD$30 millones y que son propiedad de la aseguradora Segna, que está en proceso de liquidación. Euclides Gutiérrez Félix afirmó someterá a la justicia a todos los involucrado en el caso incluyendo los jueces, por violación a la Ley sobre Seguros y Fianzas, por estafas y falsedad en documentos, por realizar ventas en pública subasta sin el pago de impuestos, entre otros.

Afirmó que ese es un caso que afecta al Estado dominicano y a miles de personas con pólizas en Segna y advirtió al registrador de título que no autorice el traspaso de los terrenos.

Dijo que esas propiedades que están bajo la responsabilidad de la Superintendencia de Seguros, fueron adjudicadas en pública subasta en RD$30 millones a una empresa que no tiene base legal, que no ha registrado operaciones comerciales.

“Esta es una denuncia de una gran seriedad, porque es increíble que sucedan hechos de esta naturaleza hoy en día. Voy a hacer un emplazamiento ante la Suprema Corte de Justicia, al Procurador General de la República, a la Superintendencia de Bancos y la DGII sobre este hecho escandaloso frente a la opinión pública, sobre lo que ha sido la ejecución irregular, fraudulenta, carente de legalidad, llevada a cabo en la ciudad de Santiago por la empresa Emi Resort Management S. A.”, expresó.

Dijo que ese fraude tenía como objetivo apoderarse de las tres parcelas propiedad de la compañía de seguros Segna, con el interés de favorecer al doctor Jesús Féliz Jiménez, quien en la anterior administración dirigió el Departamento de Prevención de la Corrupción y quien ayer negó esos cargos.

Gutiérrez Feliz, explicó ayer en rueda de prensa que la empresa Emi Resorts Management quiso beneficiarse de la operación a través de un “procedimiento irregular, fraudulento, carente de legalidad” y en “confabulación con jueces, secretarias de tribunales, alguacil y abogados”.

Adelantó que en su gestión se han recuperado unos RD$300 millones que están en bancos para iniciar el pago a los asegurados en Segna.

Según el funcionario, el objetivo era “adjudicarse tres parcelas propiedad de la compañía de seguros Segna ubicadas en la ciudad de Santiago y valoradas en el mercado inmobiliario por unos RD$300 millones”.

Añadió que las parcelas de la aseguradora Segna en proceso de liquidación corresponden a la designación catastral 23-ref.-B de la porción J; la 4-B-46 de la porción F y la 4-B-44 de la porción F, todas pertenecientes al Distrito Catastral uno de Santiago.

Afirmó que esas parcelas son propiedades de miles de ciudadanos dominicanos que fueron clientes de Segna y que aún no han sido indemnizados.

Lamentó la forma deplorable en que está operando la justicia dominicana en estos momentos, la cual aseguró pasa por uno de sus peores momentos y pidió que se tome acciones disciplinarias contra los jueces corruptos.

Acusó de los actos dolosos y fraudulentos a las juezas Rosmery E. Veras Pichardo, presidenta de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia y a la magistrada Miguelina Ureña Núñez, de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago.

Añadió que “ellas se prestaron a cometer actos reñidos con la ley, facilitando ejecuciones contra los bienes propiedad de Segna”.

Calificó como irregular la designación de una juez contradiciendo las disposiciones legales que ella misma enuncia, y el acto de fijación de audiencia para conocer de la venta en pública subasta contra personas ajenas al proceso.

También citó la “tolerancia en referencia a los actos judiciales de los cuales la Superintendencia de Seguros no fue notificada, resultando excluida en su calidad de guardián y responsable de las operaciones de una compañía en proceso de liquidación, tal y como lo establece la ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas en la República Dominicana”.

“No conforme con estas actuaciones contenidas en el expediente y consciente de ello, la jueza Miguelina Ureña Núñez ha pretendido culminar este fraude contra Segna y el Estado pronunciando la sentencia de adjudicación en fecha 18 de julio del 2006, que favorece como adjudicatario a la entidad que preside el ex director del Departamento de Prevención de la Corrupción (Depreco), doctor Jesús Féliz”, dijo.

Afirmó que el ex funcionario “pretende adquirir las parcelas por la irrisoria suma de RD$30 millones cuando el valor real de las mismas en el mercado inmobiliario es de RD$300 millones “.

Dijo que el doctor Féliz “para poder licitar pagó mediante el cheque 1876138, de fecha 17 de julio del 2006, comprado por la entidad comercial Segna Matter, por un valor de RD$3,195,086.00, compañía que conforme a la certificación expedida por la Dirección General de Impuestos Internos no ha efectuado operaciones comerciales que puedan justificar la expedición de este cheque”.

“Por estas razones la Superintendencia de Seguros se ve obligada a solicitar a las autoridades judiciales competentes tales como la Dirección General de Impuestos Internos y la Superintendencia de Bancos, para que determinen el origen lícito o ilícito de los RD$30 millones con que se pretende comprar las parcelas antes mencionadas”, dijo.

Gutiérrez Félix consideró que “estamos en presencia de un gran fraude y estafa, para lo cual se han utilizado todas las artimañas urdidas por los abogados Félix A. Ramos Peralta y Fernán L. Ramos Peralta, ambos representantes de la compañía Emi Resorts Management, S.A.”.

Dijo que “igualmente forman parte de esta connivencia engañosa y delictiva las secretarias de los tribunales y la alguacil Yira M. Rivera Raposo, quien recibió un poder que la facultaba ilícitamente para ejecutar un embargo inmobiliario antes de que la sentencia en defecto fuera pronunciada por un tribunal”.

El doctor Gutiérrez Félix aseguró que la Superintendencia de Seguros cumplirá su rol de defensa de los intereses del Estado y del pueblo dominicano, por lo que consideró que la compañía Segna, bajo el control del organismo oficial, es un patrimonio de los miles de ciudadanos que tenían pólizas en esa aseguradora.

Informó que la Superintendencia de Seguros interpuso un recurso de apelación contra la sentencia 1303, de fecha 28 de junio del 2005, dictada por la sala número dos de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, “atendiendo a que resulta falsa y nula la notificación de una sentencia sobre la cual no se han pagado los impuestos correspondientes”.

Asimismo ha incoado una solicitud por ante la Suprema Corte de Justicia a los fines de obtener acciones disciplinarias contra las juezas licenciadas Rosmery E. Veras Pichardo y Miguelina Ureña Núñez.

También la Superintendencia de Seguros ha iniciado un proceso contra los abogados Félix A. Ramos Peralta y Fernán L. Ramos Peralta ante el Procurador General de la República.

Mediante ese recurso busca que se aplique las sanciones que establecen las leyes, decretos y reglamentos cuando el abogado incurre en acciones dolosas para obtener una determinada sentencia.

Además se querelló contra el presidente de la compañía Emi Resorts Management, Derek Frederich Charles, por estafa y falsedad en documentos y apoderó al Tribunal de Tierras solicitando la nulidad de la inscripción hipotecaria.