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Unas 85 entidades del sector empresarial dominicano, encabezado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) rechazaron la aprobación en el Senado del proyecto de modificación al Código Laboral el cual lo consideraron esta reforma de regresiva y desincentiva la creación de empleos formales, aumenta los costos laborales y sobrecarga los procesos judiciales.

De acuerdo a los principales gremios empresariales , el proyecto, lejos de modernizar el marco normativo, representa un retroceso en materia laboral para el país.

“ El texto aprobado desconoce acuerdos alcanzados tras años de trabajo en el marco del diálogo tripartito y no refleja los principios de equilibrio y sostenibilidad que el país requiere”, precisaron.

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Detallan que lo aprobado en el Senado a unanimidad aumentan significativamente los costos laborales, sin considerar la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan más del 98 % del tejido productivo nacional.

Además, desincentivan la creación de nuevos empleos formales, en un contexto en que la informalidad ya supera el 55 % de la fuerza laboral, al tiempo que atenta con los esfuerzos de formalizar las empresas.

Y también, sobrecargan los procesos judiciales, generando mayor incertidumbre jurídica y debilitando el clima de inversión necesario para atraer capital nacional y extranjero.

«Esta reforma envía una señal negativa en un momento en que el país enfrenta retos globales, que demandan estabilidad, confianza y visión de futuro. Insistimos en que cualquier reforma debe ser fruto de un proceso amplio, participativo y basado en estudios técnicos que evalúen sus impactos económicos y sociales», estableció el sector empresarial mediante un comunicado. Indicaron que el país merece una reforma laboral transformadora, que genere más y mejores empleos y que contribuya al crecimiento económico inclusivo. Recordaron que desde el inicio de las discusiones para actualizar la legislación laboral, han reiterado su disposición al diálogo, con el objetivo de alcanzar un consenso que preserve los derechos fundamentales de los trabajadores.

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