El Gobierno requiere que la propuesta fiscal que sometió al Congreso Nacional sea convertida en ley antes de finalizar este mes porque es una condición para colocar en los mercados financieros los US$500 millones en bonos soberanos y recibir desembolsos pendientes para cubrir el déficit en la ejecución presupuestaria de este año.

La información fue dada este martes por el economista Luis Reyes, asesor del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, quien abogó porque esa reforma fiscal sea aprobada en los términos que pueda ser consensuada.

“Y los candidatos (presidenciales) tienen que entender que esto será sólo el inicio para asegurar llegar de una manera ordenada al próximo año, cuando la próxima administración de gobierno tendrá que meterse en una reforma profunda más dura o menos dura”, dependiendo de la contribución que hagan ahora a ésta, dijo.

Recordó que los puntos para la aprobación de la quinta y sexta revisión del acuerdo de facilidad ampliada con el FMI, cuya misión dejará el país este lunes, son precisamente la aprobación de esa reforma fiscal y el subsidio al sector electricidad.

Reyes, entrevistado en Uno más Uno, de Teleantillas,  explicó que esas dos situaciones deben quedar resueltas antes de finalizar este mes para que una dilación no la haga coincidir con la revisión del próximo trimestre que será en junio próximo y al Gobierno le urge salir a vender los bonos y comenzar a recibir desembolsos.

En respuesta a quienes fundamentan su objeción al paquete fiscal en dispendio y mala calidad del gasto, enfoque este último que sugirió debe ser mejorado, el asesor advirtió empero que esa actitud lleva al absurdo de dejar de ver que la población, el Gobierno y la sociedad estarían peor si no adoptan las medidas para afrontar la crisis actual.

“No tenemos que legarle a la población un problema que a partir del año próximo deteriorará de manera significativa la calidad de vida de los dominicanos. Eso lleva a reenfocar la discusión sobre el tema, sus causas y las medidas a ser aplicadas”, observó.  

Anunció que el Gobierno podría decretar un aumento automático o “flexibilización” de la factura de electricidad hasta que sea creada una ley sugerida por el Fondo debido a que el Gobierno, cuando se dispara el precio del petróleo, no tiene mecanismos automáticos de ajuste.

Sobre la situación del sector electricidad recordó que el Gobierno y el FMI habían estimado en US$78 el precio del barril de petróleo para el año pero cifras conservadoras estiman ahora que será US$107, que implicaría un incremento de 37% en la factura petrolera y un déficit que ascendería hasta a US$700 millones, incluso con el alza de 20% a la factura.

Advirtió que esos US$107 promedio  en el precio del barril de petróleo este año se ha convertido ahora mismo en un piso pero que el Gobierno, en actitud no alarmista, se ha cuidado y no ha dicho a la población que los precios proyectados son US$150 a final de este año y hasta US$165 en los próximos tres años, al 2014.

“Esa es la realidad que enfrenta la economía”, alertó Reyes, al informar que ese escenario significaría llevar el déficit en la cuenta corriente a 40%.

Recordó que para financiar los déficit se endeuda el Gobierno y el sector privado también y que el límite llegó ahora con la exigencia del Fondo de mejorar la recaudación para hacer sostenible la cuenta del Gobierno, porque una economía no puede ser manejada con una presión tributaria de 12.8%.

Explicó que así como el Gobierno y el sector privado son quienes generan riqueza en una economía también son ellos quienes comparten en igual participación los déficits generados al gastar más de lo que se produce sin estimular el ahorro.