La economista Magdalena Rathe, presidenta de la Fundación Plenitud, aclaró ayer que no quiso criticar a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales en su propuesta de que se indexe y eleve la cápita al régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud, según expresa en carta enviada al director de Hoy.

A continuación su carta:

Distinguido señor Director: Quisiera tener la oportunidad de hacer algunos comentarios públicos sobre los reportajes aparecidos recientemente en el periódico que usted dirige, en relación con un análisis que realizara quien subscribe para el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), sobre la propuesta de aumento del per-cápita y de los beneficios incluidos en el Paquete Básico del Seguro Familiar de Salud.

El propósito principal de dicho análisis era hacer una reflexión general sobre el sistema de seguridad social en salud, de una manera amplia y con una visión sistémica – y, dentro del mismo, la necesidad de que el país establezca un adecuado mecanismo de priorización en la toma de decisiones – a fin de que los limitados recursos públicos contribuyan a salvar más vidas y a mejorar la situación de salud de la mayor parte de la población.

En ningún momento se trató de criticar el quehacer de ninguna de las instituciones del sector, todas las cuales operan con sus limitaciones, dentro de un marco legal e institucional que también tiene sus deficiencias. El trabajo pretendía ilustrar las complejidades de un proceso de priorización en salud, el cual requiere de una cantidad importante de estudios muy especializados, además de la independencia necesaria en un sector donde operan grupos de presión política y económica con sus respectivas agendas – las cuales no siempre coinciden con los intereses de los grandes grupos poblacionales.

No hay en esto ningún juicio ni valoración ética – es normal que los afectados por una enfermedad presionen porque se incluyan sus tratamientos. Pero es posible que esta enfermedad no sea prioritaria en términos nacionales y que haya que tomar decisiones sobre si cubrirla o no. Del mismo modo, aún si fuera prioritaria, la forma de tratarla puede usar procedimientos costo-efectivos o tecnología de punta. Solo el Estado puede tomar estas decisiones – pero asesorado por expertos, razón por la cual recomendaba buscar asesoría internacional.

En tal sentido, no había ninguna suspicacia en el ejemplo relativo a las intervenciones urológicas cuyo costo era la tercera parte del aumento de la cápita propuesto.

No tengo ninguna capacidad para juzgar ni la propiedad, ni la prioridad, ni el costo de dichas intervenciones – no solo porque no soy médico sino economista y, además, porque no he visto los estudios que la sustentan. Mi única intención era resaltar el hecho de que una decisión de un costo tan elevado merecía ser tomada con todo conocimiento de causa, es decir, con la sustentación técnica y científica de un sistema de priorización adecuado  que no existe en el país.

 A este respecto, tampoco era mi intención criticar a la SISALRIL, dado que no es responsable de que dicho sistema de priorización no exista en el país ni de que se realicen los estudios básicos epidemiológicos, de costos de provisión y de servicios, ni el desarrollo de las guías de atención.

 A quien le corresponde implementarlo es, en primer lugar, al Ministerio de Salud Pública – quien debe coordinar su aplicación en el Seguro Familiar de Salud, con el Consejo de Seguridad Social, que son los entes a cargo de la rectoría y la regulación del sistema.

El papel de una superintendencia es el de supervisar que las regulaciones dictadas por los entes anteriores, se cumplan debidamente, que los diferentes agentes que actúan tengan la capacidad técnica y financiera de hacerle frente y que se asegure la sostenibilidad financiera del sistema en su conjunto. Por eso decía que, en mi opinión (independientemente de lo que diga la ley) había un conflicto de interés entre el papel de regular (decidir qué se incluye en el PBS/PDSS) y el de supervisar su aplicación.

Es el mismo caso en una empresa, donde el contador no puede ser también el auditor. Por último, quisiera reiterar que el trabajo comentado tenía el propósito de llamar la atención sobre la necesidad de repensar el sistema en su conjunto, sobre todo porque hay actualmente varias iniciativas paralelas que van a comprometer de manera importante los fondos nacionales.

El gobierno posee la intención de dar cobertura a toda la población pobre dentro del seguro familiar de salud, a la vez que existen iniciativas de ofrecer cobertura para eventos catastróficos, con un fondo separado del seguro familiar de salud. Pero una parte importante de estos servicios están ya incluidos en el actual PBS/PDSS (y la propuesta de aumento del paquete incluía muchos más).

Otro aspecto importante a considerar es que la ley habla de un solo PBS/PDSS para toda la población – si se aumenta excesivamente el costo del paquete correspondiente al régimen contributivo, este va a presionar hacia arriba también el del régimen subsidiado. ¿Y cómo se va a financiar? Además, ¿Existen esos servicios en la red pública, con la calidad adecuada? ¿Cómo se va a lograr hacer a esta más eficiente, operativa y con calidad? Sin esto no será posible lograr la anhelada cobertura universal.

Mirar todos estos temas con una visión sistémica es fundamental para evitar más segmentación poblacional y duplicidad en el gasto. Finalmente, quisiera aclarar que no soy funcionaria del Banco Central, sino Directora Ejecutiva de PLENITUD, entidad cuyos propósitos se resumen más abajo. Agradeciendo su atención a la presente, lo saluda.