El secretario de asuntos económicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Guarocuya Félix, señaló que las sociedades offshore y los paraísos fiscales utilizados por los políticos pueden prestarse para ocultar los actos de corrupción, evasión de impuestos, narcotráfico y lavado de activos.  

“Han sido aprovechados por grupos terroristas o del crimen organizado para actividades también ilícitas que no pueden trasparentar en territorios que tienen una fiscalidad que pide más información”, explicó.

Sin embargo, aclaró que el hecho de tener una empresa constituida bajo el régimen de una sociedad offshore, definida como una ubicación fuera de los límites nacionales, no es ilegal, ya que está permitido por la legislación internacional.

“Esto no se utiliza necesariamente porque las empresas estén evadiendo o eludiendo el pago de la tributación, sino porque muchas veces se les facilita determinado tipo de actividad económica, manteniendo este tipo de empresas de carpeta en operaciones de comercio internacional”, dijo.

Durante una entrevista para el programa radial «Revista Dominical Dejando Huellas», transmitido por CDNRadio, el también exdirector general de Impuestos Internos expuso que en cuanto a los políticos existe un tema moral y ético en la utilización de las sociedades offshore y los paraísos fiscales, a la vez que se es el regulador fiscal de un territorio.

“Es el caso de los presidentes, porque hay un conflicto de intereses en la medida de que te impide tener una autoridad frente a tus conciudadanos para pedir un determinado sacrificio, como los impuestos. No tiene la autoridad debido a que no aportas tú mismo en la medida de tus riquezas”, señaló.

En este sentido, recordó a los políticos que la utilización de ese esquema no impide el poder tributar en la jurisdicción en la que residan o, en su defecto, donde la empresa que posean realice su actividad económica.

Por este motivo, dijo, el PLD solicitó que el presidente de la República, Luis Abinader, aclare su vinculación con dos compañías offshore en la que presuntamente habría incluido la mayor parte de su patrimonio, que no se encuentran en su declaración jurada de bienes.

En un comunicado publicado por la Presidencia, se especificó que, si bien el mandatario y su familia hicieron uso de estas empresas, también señaló que se han mantenido cumpliendo con sus obligaciones tributarias en el país.

“El presidente Abinader y su familia utilizaron compañías offshore para manejar inversiones y activos locales que cumple sus obligaciones tributarias en el país».

«Los diarios internacionales que son parte del Consorcio Internacional de Periodistas reconocen la transparencia del presidente Abinader, porque al juramentarse en el cargo incluyó en el patrimonio declarado a las dos compañías señaladas en los documentos publicados. En las compañías panameñas citadas -Padreso S.A. y Litlecot Inc.- Abinader comparte la propiedad con sus hermanos”, reza el comunicado.

El economista destacó que no se puede criminalizar esa actividad, porque los actos delictivos antes mencionados pueden realizarse de la misma manera en una economía donde no se tenga el mismo tratamiento fiscal.

«Tras la crisis económica ocurrida entre los años 2007 y 2008, los diversos países comenzaron a intentar desmontar la fiscalidad favorable que tienen estos territorios al considerar que hacen una competencia desleal a los territorios y Estados que tienen una fiscalidad mucho más progresiva sobre el capital».