El crecimiento de la economía el primer trimestre de este año que anunció el Banco Central, confirma lo que venían mostrando en esa dirección los indicadores que sustentan el desempeño económico, mas no así la magnitud de 7.5% que se le atribuye.

Esa es la reacción del economista Luis Reyes, asesor del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ex funcionario del Banco Central, del Ministerio de Hacienda y de organismos internacionales.

Reyes, entrevistado en el programa En Una Hora que produce los domingos por Coral 39 el periodista Manuel Jiménez, citó el crecimiento en ese periodo de dos indicadores importantes, las importaciones no petroleras y la cartera de crédito de la banca privada, desde el punto de vista del consumo.

A esos comportamientos agregó la expansión de la inversión pública apoyada en el programa con el FMI para impulsar el área fiscal de la economía el último trimestre de 2009 y los primeros dos trimestres de 2010, lo que aseguraba al Gobierno tasas de crecimiento que indujeran a la recuperación de las tasas de recaudación perdidas el año pasado.

En ese sentido Reyes recordó la inversión que se sustentó en los recursos que recibió el país de noviembre a diciembre de 2009, más de dos mil millones de dólares del FMI, Banco Mundial y el BID.

“Y si a eso se le adiciona que las exportaciones habían comenzado a recuperarse,  sobre todo las que no eran de zona franca, era previsible que la economía tuviera un desempeño positivo”, comentó.

Pero no comparte el 7.5% de crecimiento que el BC le atribuye a este primer trimestre de la economía, cuando el del año pasado fue razonablemente bajo, de 1%, por los aportes de los sectores agropecuario y telecomunicaciones.

Observó extrañado que ahora las  telecomunicaciones que han liderado el aporte al PIB en los últimos cuatro años figura en un lugar distante sin que las autoridades explicaran esa ruptura.

“El hecho de que se creciera poco el primer trimestre el año pasado facilitaba que ahora un desempeño más alto, y un elemento que no se puede obviar es que el país está en medio de un ciclo político, y cuando se producen declaraciones como la del Banco Central, ello usualmente se presta a muchas interpretaciones políticas”, por lo que el análisis que se hace tradicionalmente del desempeño económico puede ser menos  objetivo de lo tradicional.

El economista atribuyó a una combinación de confianza y al significativo volumen de recursos que ingresó al país el crecimiento de la economía este primer trimestre del año.

“Pero sobre todo al dinero que se inyectó a la economía, pues uno de los objetivos del acuerdo con el FMI era inyectar recursos para que el Gobierno pudiera mantener un nivel de gastos que el sector privado no podía sustentar en ese momentor”.

Recordó que en el primer semestre del año pasado, antes de la negociación con el Fondo, la cartera de crédito del sector privado en la banca comercial estaba prácticamente estancada, por lo que la única manera para tener niveles de crecimiento razonablemente altos era si el Gobierno mantenía un programa de inversión pública importante.

“Y eso es lo que se recoge en el programa con el FMI, que el Gobierno mantenga niveles de gastos razonablemente elevados, nivel de déficit de más de tres por ciento del PIB el año pasado y para ejecutar tal nivel de déficit eran necesario esos desembolsos de organismos multilaterales”.

En otro orden descartó que haya fundamentos para apoyar expectativas de un crecimiento de 9% al final del año, debido a las presiones a que los actuales precios internacionales del petróleo someterían a la economía en su cuenta corriente de la balanza de pagos. Cree que debe aspirarse a tasas más moderadas de 5 a 6 por ciento.

En cuanto a la venta del 49 de las acciones de la Refinería de Petróleo a Venezuela previó una mayor certidumbre en el abastecimiento de crudos y derivados al país y desde el punto de vista de gestión el Estado podría beneficiarse de la sinergia derivada de la experiencia acumulada por PDVSA.

El elemento esencial es conocer cuál es el plan de negocios tras el acuerdo, pues aunque ya surgió la cifra de US$2,000 millones para modernizarla y ampliarla, al final el Gobierno convierte esas sumas en repagables por la rentabilidad de la empresa.