La reforma tributaria que gestionó el gobierno y aprobó el Congreso Nacional era tan solo una medida recaudatoria de 10,000 millones de pesos que no tuvo nada que ver con apoyar la mejora de la educación o acogerse a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) como informó el gobierno al principio, afirmó la economista Mariana Barrenese, asesora de política fiscal del Centro Bonó.

Barrenese consideró que la llamada reforma fiscal en realidad fue “un toque y retoque de medidas apresuradas para ver cuánto da 10,000 millones de pesos” en recaudaciones adicionales al gobierno, lo que consideró un trabajo “realmente poco serio”.

“La educación en esto (reforma tributaria) no tenía nada que ver”, expresó Barrenese, quien agregó que “eso quedó demostradísimo”, aunque no era tan palpable que tampoco la reforma tuviera algo que la vinculara con las recomendaciones del FMI en materia de política fiscal.

Explicó que con el FMI se aprobaron pautas generales macroeconómicas, pero el acuerdo Stand by firmado en noviembre de 2009 con el Fondo dice claramente que lo que se va a hacer es “mejorar la administración tributaria, reformar la ley de hidrocarburos y analizar las exenciones y exoneraciones impositivas”.

“Ninguna de esas tres cosas el proyecto de ley las cumple, con lo cual tampoco es que se está cumpliendo ese acuerdo”, dijo Barrenese, quien agregó que lo que “se está logrando (es) el objetivo final que es emparejar las cuentas”.

Entrevistada en el matutino “El Bulevar con Pablo McKinney”, la experta señaló que las medidas que daban algunas esperanza de que se atacara un poco la evasión fiscal “fueron anuladas después de los tantos recortes que se han hecho dando respuesta a los reclamos de diferentes sectores”.

Consideró que “más allá de recoger los 9,500 millones que necesita” el gobierno, la reforma tributaria aprobada “no agrega ninguna mejora social en ningún sentido”.

Consideró positiva la intención inicial de gravar a las bancas de apuestas con el 10% de las ventas brutas y el pago de las ganancias, centralizar su cobro en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), algo fácil de controlar, pero eso “quedó anulado” por la presión de las bancas.

Otro aspecto que critica el Centro Juan Bonó es que la reforma es un parche parcial para tapar el agujero de un trimestre, por lo que fueron de la opinión de que debió aprovecharse la oportunidad para realizar una reforma integral para atacar problemas estructurales.

“La presión tributaria aquí es muy, muy baja. Del continente americano República Dominicana es uno de los países con menor presión tributaria, con lo cual hay que abrirse la cabeza a un aumento de impuestos, eso es innegable, pero también es verdad que hay que controlar los gastos del Estado”, apuntó Barrenese.

Agregó que las recaudaciones del gobierno aumentarían si se analizan las exenciones y las exoneraciones fiscales.

Igualmente sostuvo que debe mejorarse la calidad de los servicios para que la gente se sienta motivada a pagar sus tributos, pues “acá hay la sensación de que no es válido pagar más impuestos porque recibo servicios de baja calidad, o no recibo servicios en absoluto que es la realidad para muchos sectores”.

Aunque aclaró que no está llamando a la gente a tener confianza plena en el gobierno, admitió que sin recaudaciones suficientes el gobierno no puede resolver la carencia de servicios de calidad en materia de educación, salud, alcantarillado, agua potable, entre otros.

Gobierno carece de política social

Al abordar el tema de las políticas sociales del gobierno, Barrenese sostuvo que más correctamente la realidad dominicana es que no hay política social, aunque se registran acciones de asistencialismo gubernamentales que no hacen más que reafirmar la negación de derechos fundamentales de los ciudadanos.

Cuando hay una desarticulación total de las políticas, cuando hay bajos niveles de inversión social, no puedo decir que hay política social. Hay subsistencia y ni siquiera subsistencia porque la población crece y los servicios públicos no crecen.

Al evaluar lo que hace el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) del Gabinete Social del Gobierno, Barrenese lo definió como “una respuesta marginal, otro parche más a los diferentes problemas, si bien la base puede ir creciendo y cada vez apliquen más beneficiarios al sistema, siempre son soluciones marginales. Cuando uno no tiene políticas sociales universales lo que está haciendo es tapar agujeros”.

Consideró que “si todo el mundo no tiene derecho a la educación gratuita, pública y a la esquina de su casa y de calidad; si no hay derecho a la educación… a la salud… a una vivienda digna, no hay derecho a tener agua constantemente, cuando hay cólera en los barrios ni siquiera se denuncia, eso no es una política social”.

Dijo que satisfacer esos servicios en forma universal constituye una política social, “lo otro es asistencialismo, clientelares o no clientelares, no importa, son asistencialismo” porque falta el reconocimiento de derechos ciudadanos.

Para que el país disponga de una verdadera política social, declaró Barrenese, “hay que universalizar derechos, porque no es verdad que todos los ciudadanos tienen derecho a la educación… a la salud… a la seguridad social. Hay derechos básicos que son derechos del ser humano y la gente en República Dominicana parecieran no ser seres humanos”.

Estimó que más allá de quien gobierne, si la sociedad se esfuerza por exigir sus derechos, los gobiernos van a tener que responder a esas demandas ciudadanas.

Afirmó que si esas luchas aun no se registran masivamente, es por la falta conocimiento de la gente de sus propios derechos.

“Se han negado tanto los derechos a todos que la gente piensa que no tiene derechos”, puntualizó Barrenese.