Economistas plantearon ayer que la discusión sobre la reforma fiscal debe comenzar con un examen de las medidas para reducir el gasto y luego abordar las disposiciones para aumentar ingresos.

Hicieron este planteamiento a pesar de que el Gobierno planteó, al hacer la propuesta fiscal, que el objetivo de su plan es lograr un ajuste fiscal de 4% del Producto Interno Bruto (PIB) que combina un incremento de las recaudaciones de 2.2%  del PIB y una reducción de gastos equivalente a 1.9% del PIB para el año 2013.

Las medidas para la racionalización del gasto son el decreto 499, la congelación de la nómina pública, exceptuando  educación, salud, Policía y Fuerzas Armadas; fijar el gasto en bienes y servicios a niveles del 2011, salvo la educación preuniversitaria y salud; mantener transferencias a los poderes, ayuntamientos y organismos especiales

Además, mantener transferencias a instituciones     autónomas y descentralizadas igual al 2012;  establecer el gasto de capital en un 4% del PIB, incluyendo la inversión en educación preuniversitaria; transferencias corrientes a la CDEEE se establecen en US$1,230 millones; pago de intereses a la deuda en RD$74,375.1 millones (3.0% del PIB), incluyendo pagos al Banco Central.

 El economista Miguel Ceara Hatton y el analista presupuestario José Rijo Prebost  señalaron que el pacto fiscal, contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, plantea primero discutir los gastos y luego entrar a la parte impositiva.

Ceara Hatton expresó que el Gobierno no ha dado señales claras de que va a reducir el gasto y establecer responsabilidades contra quienes llevaron al país a un déficit fiscal sin precedentes en la historia dominicana.

“Lo que han presentado ha sido sencillamente un ajuste de impuestos y no han hablado de gastos, hasta el momento, que yo sepa”, señaló Ceara Hatton.

Se quejó de que las  autoridades pretendan mantener el mismo nivel de gasto del 2012 y recordó que  este año hubo un gran desorden, porque no hay forma de explicar que el déficit fiscal de un año a otro se duplique.

Se preguntó cuál es la garantía que tiene la ciudadanía en que el dinero de la  reforma fiscal se convierta otra vez en déficit fiscal y los tributos no vayan a parar a los bolsillos de los funcionarios en pensiones, liquidaciones  y comisiones.

 Ceara Hatton y  Rijo Prebost coincidieron en que es posible hacer un presupuesto del 2013 sin tener que aumentar los impuestos.

Ceara Hatton dijo que el Gobierno tiene todo el poder para imponer la reforma fiscal en el Congreso.

“¿Qué garantía tenemos los ciudadanos de que el dinero de los impuestos se vaya otra vez a malversar? Ninguna”, señaló.

En tanto, Rijo Prebost dijo que la propuesta del Gobierno es una reforma tributaria, no  una reforma fiscal, como ordena el pacto fiscal en la Estrategia Nacional de Desarrollo.

“El pacto fiscal conlleva elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, pero no está especificada en la propuesta de reforma tributaria”, dijo.

No percibe un ahorro por el lado del gasto y la propuesta del Gobierno es más bien un anteproyecto de presupuesto.

Expresó que dentro de las medidas dirigidas a reducir el gasto figuran congelar la nómina pública, excepto educación salud, policía y FFAA, pero dejan el mismo nivel de gasto al Congreso Nacional, al Poder Judicial, la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral (JCE).

“No veo que haya una intención real de disminución  las transferencias a las instituciones autónomas y descentralizadas, porque les están dejando al mismo nivel del 2012”, dijo.

 Cree que son medidas de intenciones, pero entiende que el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo en preparar un presupuesto para el 2013 más bajo o casi igual que el 2012 y no necesitaría  aumentar los tributos.

“Las medidas no van encaminadas hacia una racionalización del gasto, porque se está condicionando el 4% del PIB para educación a que se apruebe la reforma tributaria”, dijo.

Tanto Ceara Hatton como Rijo Prebost consideraron que la reforma traerá más miseria y desempleo para el pueblo.