Cuando se trata de lidiar con la deuda externa, Ecuador es algo así como un fijador de tendencias. En 1999, el país andino se convirtió en el primer país en dejar de incumplir con el pago de los bonos Brady; en 2000, lo siguió Costa de Marfil, como hizo Argentina un año después.

Aunque Quito sorprendió a los mercados ayer al hacer un pago del bono por US$135 millones (_100 millones, £69 millones) a tiempo -después de advertir que usaría el periodo de gracia de 30 días-, una amenaza de Rafael Correa, el presidente izquierdista, de reestructurar la deuda ecuatoriana de US$10 millardos se mantiene. Con eso viene la posibilidad de que Quito dé otro ejemplo peligroso al convertirse en el primer gobierno en dejar de pagar su deuda, aunque tenga la capacidad de hacerlo.

Patrick Esteruelas, analista para América Latina de la consultoría Eurasia Group en Nuevs York, dice: “Al amenazar con no pagar intencionalmente, Ecuador estaría fijando un mal precedente que podría estar seguido por otros países más de más peso, como Turquía y Polonia”. Los analistas e inversionistas extranjeros han destacado que Ecuador, rico en petróleo, dista de estar con problemas de liquidez, con una relación deuda/ PIB de poco más de 30% -baja según la norma de los mercados emergentes. Al hacer el pago del cupón a tiempo ayer, el gobierno a debilitado su propio argumento de que no contaba con los fondos disponibles.

Sin embargo, el problema de la liquidez ha destacado en qué medida el gasto público de Ecuador está invalidado por los masivos subsidios que persisten.

En su propuesta de presupuesto para este año, Corea está planeando un fuerte incremento en estos subsidios, incluyendo duplicar “el bono del desarrollo humano”, una transferencia de pago a los pobres, y un incremento de 96% en los subsidios a los combustibles. En total, propone incrementar los subsidios de US$1,9 millardos del presupuesto del año pasado a US$3,2 millardos este año.

Muchos observadores ven esto como un intento por proteger el apoyo en la votación para la asamblea que redactaría una nueva constitución. Esta semana, el Congreso aprobó un referéndum -programado para el 15 de abril- sobre si la asamblea debe seguir adelante.

Michael Langer, de Idlis, un centro de análisis de Quito, dice: “Estos incrementos deben verse en el contexto de una nueva ronda de campaña. La carga de los subsidios es muy pesada y buena parte del gasto social está mal enfocado. Estos programas realmente tienen que ver más con el clientelismo que con la eficiencia”.

Aunque Correa es popular, personalmente, está operando sobre una base política estrecha. Su partido no presentó candidatos para el Congreso, con el criterio de que no quería formar parte en un órgano desacreditado. Mientras esto ayudó a ganarle la presidencia, en su primer mes en el cargo repetidamente lo ha puesto en conflicto con la legislatura.

Sin embargo, Correa ha sido adepto a usar la presidencia como una tribuna agresiva para presentarse como la única alternativa a la rancia “partidocracia” representada por el Congreso. Con frecuencia ha llamado a sus partidarios a tomar las calles: el mes pasado, una manifestación frente a la legislatura se volvió violenta, cuando los manifestantes ocuparon el edificio del Congreso.

Correa puede estar esperando igualmente que el Congreso se oponga a algunos los incrementos propuestos para los subsidios, lo que le permitirá de nuevo llamar a la legislatura a que se una a él y al “pueblo”, como hizo reiteradamente durante la lucha por el referéndum.

Pero mientras que esto pudiera aportar más a su situación política, la carga extra del gasto podría reforzar su posición en relación con la deuda.

El problema se agravará por una reducción en los ingresos. Primero, la administración Correa está proponiendo disminuir el impuesto al valor agregado de 145 a 12%, lo cual reducirá el ingreso del gobierno en más de US$400 millones.

Segundo, es probable que los ingresos por el petróleo caigan. La producción estatal, que ha estado decayendo durante varios años, subió el año pasado cuando Ecuador expulsó a Occidental, el mayor inversionista extranjero, y ocupó sus yacimientos. Pero la producción en esos campos ha bajado de más de 100,000 barriles al día a cerca de 85,000 b/d. Carlos Preja Yannuzzelli, jefe de PETROECUADOR, la compañía petrolera estatal, ha dicho que necesita urgentemente US$1 millardo para estabilizar la producción y otros US$10 millardos para inversiones.

Las compañías petroleras privadas han estado reacias a invertir en exploración y producción desde que Ecuador impuso un impuesto de 50% a sus “ganancias extraordinarias” el año pasado.

Eduardo Cabezas, el presidente del banco central, dice: “La tasa más baja del IVA, más una producción inferior de petróleo pudiera resultar en una contracción del presupuesto el año próximo. Si el precio del petróleo también baja, ciertamente vamos a tener problemas”.

Ecuador también se verá afectado cuando un régimen de bajas tarifas con Washington expire a finales de junio. Correa se ha negado a negociar un tratado comercial bilateral permanente que lo sustituya.

En su lugar, se dirigió a Hugo Chávez, el presidente venezolano, quien utiliza su vasta riqueza petrolera para influir en la región. Ricardo Patiño, ministro de Economía, debe viajar a Caracas la semana próxima para pedirle al gobierno de Venezuela una ayuda financiera de US$1 millardo.

Pero aún asegurando ese préstamo, no necesariamente se eliminaría el espectro de un “default”. Mauricio Pozo, un ex ministro de Finanzas, dice. “Solo porque pague no significa que volverá a pagar más adelante.

“Hay una indisposición básica para pagar la deuda externa”.

VERSION IVAN PEREZ CARRION