QUITO (AP).- El gobierno quiere que Estados Unidos recapacite sobre su reciente decisión de suspender las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) con Ecuador, que ya se encontraban muy avanzadas. «Que lástima que Estados Unidos ha tomado esta actitud de querer marginarnos del TLC, creemos que no es la respuesta adecuada… se les fue la mano, confiamos que las cosas vuelvan a sus canales normales’’, aseveró el miércoles el vocero del gobierno, Enrique Proaño.

En declaraciones a canal 4, aseguró que Estados Unidos dice «nos enojamos, no hay TLC, (pero) le pedimos que reflexione porque los tratados de comercio no son para imponer voluntades a los países más pequeños’’.

   Las relaciones entre ambos países se enfriaron tras la decisión del gobierno ecuatoriano de terminar unilateralmente un contrato con la empresa petrolera estadounidense Occidental, acusada de una serie de incumplimientos contractuales.

Proaño señaló que «no creemos que debemos acudir al arbitraje’’ planteado por Occidental en Estados Unidos y rechazado por Ecuador. «La compañía que sufre la penalidad de caducidad (terminación) de su contrato por haber violado la ley, no tiene derecho a acudir a un arbitraje’’, indicó.

Sobre el futuro del bloque petrolero 15, en la Amazonia, que fue de la Occidental (OXY), el portavoz dijo que para su administración «se escogerá mediante una licitación internacional a una compañía petrolera estatal’’.

En este contexto, la Cancillería rechazó las expresiones de la embajadora de los Estados Unidos, Linda Jewell, quien sugirió el martes que el fallo de Ecuador contra Occidental fue una violación del tratado bilateral de inversiones.

En un comunicado dijo que la decisión de Ecuador «no es una violación’’ de ese tratado argumentando que Occidental violó su contrato con Petroecuador y la ley de hidrocarburos, «a cuyas disposiciones la empresa voluntariamente se sometió’’, agregó.

Aclaró que el proceso con Occidental «es un asunto exclusivamente jurídico’’ y añadió que la entrega de los bienes de la Occidental a Petroecuador «definitivamente no es una nacionalización ni expropiación ni confiscación’’.

El martes, el presidente de la petrolera estatal, Fernando González, añadió otro ingrediente a la polémica con Occidental, al decir que la decisión de caducidad también representaba la pérdida de la participación de esa compañía en el consorcio Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).  Pero Fernando Santos, consultor de las petroleras privadas del país, dijo a la AP que lo referido por González fue «un exabrupto que no tiene ningún asidero legal’’, porque las acciones en el OCP pertenecen a la empresa Occidental del Ecuador Inc, no a Occidental Exploration and Production Company, sobre quien pesa la caducidad.

   «Son compañías distintas, contratos distintos, para dos propósitos distintos, no tiene nada que ver lo uno con lo otro’’, afirmó.

   El consorcio OCP había informado que Occidental del Ecuador Inc. sigue manteniendo el 14,15% de su paquete accionario en el oleoducto y que el fallo del Estado «no tiene ningún efecto’’ sobre su estructura accionaria.