La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDE-Este) contrató con un banco dominicano préstamos por US$50 millones a una tasa de interés anual del 18%, cuando la tasa promedio que esa entidad ofertaba para empréstitos en dólares fluctuaba entre el 10% y 13%.

Así lo determinó la auditoría practicada a la empresa por una compañía de auditores a solicitud del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER). Comprende el período de 31 de diciembre de 1999 al 2002. Está fechada el 31 de julio del 2003.

Según la auditoría, de marzo-abril del 2000 ingresaron a la empresa fondos por U$S38 millones por concepto de préstamos provenientes de una empresa vinculada, que no contaban en ese momento con la debida autorización del consejo de administración.

Según la auditoría, resulta contradictorio que la empresa, a pesar de disponer de fondos del aporte inicial, obtuvo préstamos provenientes de una empresa vinculada a la sociedad suscriptora por US$38 millones de marzo a junio del 2000.

Los pasivos pagados por AES Distribución Dominicana, al ser asumidos por la distribuidora por RD$350,823,396 y presentados en su pasivo, «no debieron considerarse en contrapartida como un activo diferido de igual monto».

El informe de la auditoría, de 157 páginas, señala que luego de analizar las transacciones de compra de energía a la Empresa Generadora de Electricidad Itabo (EGE-Itabo), Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE-Haina) y los Productores Privados de Energía, concluye que EDE-Este no cumplió en varios meses con el pago de las facturas pendientes a más tarde el 25 día de cada mes posterior a su entrega.

Los estados financieros de Ede-Este, al 31 de diciembre del 2002, registran pérdidas acumuladas que han ocasionado un déficit equivalente al 89% del capital pagado de la empresa, dice la pesquisa.

Explica que los cálculos realizados por la empresa para fines del impuesto municipal no toman en cuenta los cobros del gobierno por concepto del subsidio a la energía.

Resalta que existe una gran cantidad de redes en mal estado, lo que se debe a la falta de mantenimiento adecuado. Las inversiones en mejoramiento y desarrollo de redes nuevas han sido bajas en comparación con la necesidad del área que cubre la empresa.

Señala que las líneas de distribución demandan de mucho mantenimiento, reconstrucción de los circuitos, ya que la gran cantidad de fallas generadas en el sistema se deben a desperfectos en las líneas de distribución de cada uno de los circuitos.

Los auditores comprobaron que una fuerte lluvia produce inmediatamente una serie de fallas, las cuales son recurrentes en casi todos los circuitos. Los desperfectos son mayores en las subestaciones que dominan los circuitos de los barrios pobres.

Según la auditoría, la tarifa no está diseñada para recuperar costos específicos de la empresa, sino los costos promedios del sector.

Indica que a medida que aumenta el precio de la tarifa por concepto de la indexación se deteriora el cobro de la empresa, la cual debe estar en capacidad de cargar a los consumidores el costo total de operación. Si una parte de los consumidores no pagara o no puede pagar, entonces los costos específicos de la empresa deben ser cargados a aquellos que pagan. Los pasivos al 31 de diciembre del 2002 son suficientes.

Conforme a la auditoría, EGE-Haina facturó a la empresa por indexación de combustible como consecuencia de la incorrecta aplicación de la resolución 283, en el período enero-febrero del 2001, US$3,127,463, y US$5,379,237 de marzo-julio del mismo año.

Las diferencias del período enero-febrero fueron pagadas a la generadora y posteriormente la totalidad o una porción de esta suma fue descontada por la distribuidora al gobierno. La distribuidora traspasó incorrectamente el error cometido por la generadora.

EGEITABO le facturó a la empresa por el mismo concepto de US$4,222,484 en el período enero-febrero del 2001. El error cometido por la generadora fue también traspasado al gobierno.

La CDE facturó a la empresa en exceso por indexación de combustible como consecuencia de la incorrecta aplicación de la citada resolución fue de US$9,786,749 de enero a febrero del 2001.

La incobrabiilidad es mayor en el sector residencial, sobre todo en los sectores marginados. La facturación a esos barrios es considerada de nula recuperación, por lo que los montos correspondientes se registran como un cargo directo a las cuentas de gastos de operación del 1999 al 2002.

Según la auditoría, los posibles riesgos, tomando en cuenta la ubicación de la oficina principal de la empresa, así como

controles de seguridad y entorno eléctrico-ambiental, son daño de la información generada por fallas eléctricas a los equipos y

desastres naturales.